Félix Loarca Guzmán
La revocación de la visa diplomática al jurista colombiano Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con el pobre argumento del Ministerio de Relaciones Exteriores de haber utilizado un mal procedimiento administrativo, ha intensificado el debate sobre la polarización que existe en la sociedad guatemalteca, en torno a la intensa lucha para erradicar la pandemia de la corrupción no solo en las instituciones estatales, sino también en la llamada iniciativa privada, en donde poderosos grupos oligárquicos tienen mucha preeminencia.
Para ninguno es un secreto que las investigaciones de la Comisión Internacional, entidad patrocinada por las Naciones Unidas, han sacado a flote la purulencia de una democracia prostituida, de la cual se han aprovechado unas pocas familias para saquear al país y hundir al pueblo en la pobreza.
Ayer martes, el Jefe de la CICIG, dio a conocer el informe correspondiente al décimo año de labores de esa Comisión en Guatemala, y el gran ausente fue el Presidente de la República, el comediante Jimmy Morales, a quien la Comisión Internacional le envió la correspondiente invitación.
La ausencia del señor Morales originó muchos comentarios de los ciudadanos, poniendo de relieve la molestia que el bisoño gobernante tiene contra el Jefe de la CICIG, por seguir en Guatemala cumpliendo con su función de combatir la impunidad.
El revocar la visa diplomática fue un golpe bajo que retrata de cuerpo entero al impopular gobierno que actualmente existe en nuestro país, y que en mala hora eligió una mayoría de la minoría que acudió a los centros de votación en las últimas elecciones nacionales.
Es obvio que hay una perversa campaña de desprestigio contra el Jefe de la CICIG y la Fiscal General, con el triste pretexto que ambos funcionarios tenían en marcha un golpe de Estado en contra del gobierno del señor Jimmy Morales, y que detrás estarían agazapados miembros de los sectores de izquierda.
Estos señalamientos son propios de la vieja clase política heredera de los tiempos del ultraderechista partido que reunió a los mercenarios que invadieron al país en 1954 para derrocar al gobierno nacionalista del presidente Jacobo Árbenz Guzmán y que ahora son repetidos por más de algún político trasnochado que está aconsejando al Presidente.
