* Julio Roberto Bermejo González
jrbermejo@bermejolaw.com
Las manifestaciones en la PLAZA han sido contundentes. Se han dado en Guatemala y en todos los departamentos y ese fenómeno de expresión popular no es otra cosa más que una manifestación de la libre emisión del pensamiento ciudadano y del derecho constitucional de PETICIÓN. Si el Congreso de la República lo ignora –creyendo que son tres micos los que manifiestan– está en un error de grandes proporciones.
La misma situación está sucediendo con el presidente Jimmy Morales, que en una forma enfática, prepotente y altanera pretende ignorar el clamor de que renuncie. Se lo está pidiendo la misma ciudadanía que lo eligió, pretendiendo olvidar que ganó porque el pueblo estaba hastiado de una clase política corrupta; su eslogan «Ni corrupto ni ladrón» él mismo lo ha desmentido en una forma contundente al salir a luz que como Secretario General del Partido FCN-NACIÓN es sindicado de financiamiento electoral ilícito, y de financiamiento electoral anónimo a favor del Partido FCN y para colmar su desgracia se descubre que recibía mensualmente Q50 mil del Ejército como bonificación por «responsabilidad» y «riesgo» en el ejercicio de su cargo y lo recibió por nueve meses. Cuando se destapó el caso, que en un gesto de vergüenza lo devolvió, pero el enriquecimiento ilícito se consumó y el vergonzoso precedente quedó. A lo antes expuesto se suma el bochornoso intento de declarar no grato al comisionado de la CICIG Iván Velásquez. Todo lo anterior unido al escándalo de que su hijo y hermano están procesados por delitos relacionados con el caso «Registro de la Propiedad».
Repito nuevamente, que la última elección para Presidente y diputados no debió haberse realizado porque iban a resultar electos miembros de la misma clase política que se estaba rechazando por corrupta; y efectivamente resultó electo un Presidente incapaz e irresponsable y diputados miembros de la misma clase política corrupta –con algunas excepciones– y son los que están colocados actualmente en el Congreso de la República y que son responsables de la vergonzosa protección al Presidente al impedir que se le levantara el antejuicio –siendo evidente que era procedente–; asimismo, de emitir los famosos Decretos 14-2017 y 15-2017 con los que se pretendía exonerar de responsabilidad a los Secretarios Generales de los partidos por las acciones irregulares en el financiamiento de los partidos políticos y de rebajar las penas y responsabilidades a los que actualmente están procesados por corrupción; pero, además, el Congreso se está negando a legislar sobre las reformas que permitirían que el sistema político camine por sendas regulares, transparentes y democráticas.
Creí –erróneamente– que la vía más lógica para lograr las reformas urgentes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley del Servicio Civil, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley en Materia de Antejuicios y otras importantes leyes, sería a través de los diputados impresentables que actualmente integran el Congreso de la República, pero me equivoqué. Los Diputados no quieren entender que la forma en que llegaron al Congreso y la forma en que se han desenvuelto en los últimos momentos los hace inaceptables, porque solo siguen buscando y protegiendo sus intereses personales. La legitimidad de los diputados actuales, principalmente los que votaron la protección del derecho de antejuicio del presidente Morales y los «decretos de la impunidad», deben renunciar y la ciudadanía debe seguir insistiendo en ello, porque está evidenciado que tales diputados no quieren satisfacer las demandas de transparencia, democratización y anticorrupción que se demanda.
He sabido que los que entrarían al Congreso en sustitución de los renunciantes casi son igual que ellos, pero la esperanza es que lleguen conscientes de que si no atienden el clamor de la ciudadanía volverán a correr la misma suerte de ellos.
Es de especial importancia volver a revisar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque es necesario crear los distritos electorales pequeños, eliminar los diputados por lista nacional, eliminar la votación por planilla y permitir el voto unipersonal, fortalecer la capacidad de control del Tribunal Electoral, eliminar la atomización del sistema de partidos políticos –es inexplicable e inconveniente la multiplicidad de partidos políticos sin ideología– normar el financiamiento de los partidos políticos –el financiamiento irregular, anónimo y especialmente del narcotráfico debe evitarse, porque son estos financiamientos los que cooptan a las instituciones del país–.
El Antejuicio es para proteger el ejercicio de una función pública y no debe ser fuente de protección e impunidad de ningún funcionario. La experiencia que tiene Guatemala sobre este tema es grande y está comprobado que ha constituido una protección a la corrupción y ha sido una garantía de impunidad.
La reforma a Ley del Servicio Civil es inobjetable –se debe acceder al Servicio Público atendiendo a méritos, capacidad, idoneidad y honradez– debe controlarse el exceso de plazas, las plazas fantasma y las plazas de los empleados y funcionarios que no llenan las calidades. Esto debe corregirse, tenemos funcionarios en exceso, incompetentes e ineficientes.
La reforma al Sistema de Justicia también es urgente, a efecto de garantizar la independencia judicial. Esto requiere una reforma parcial a la Constitución Política y es algo a lo que los diputados han puesto indebida resistencia.
Todos los cambios son urgentes porque no es políticamente sano que lleguemos a las elecciones de 2019 con las instituciones del país funcionando en forma tan ineficiente como ahora en perjuicio de nuestro sistema democrático y del desarrollo social, económico y cultural de Guatemala.
El presidente Jimmy Morales en forma enfática manifiesta que no renuncia y llama al DIÁLOGO, pero sobre las cuestiones esenciales que el país requiere para democratizarse no es viable entrar a mesas de diálogo con las organizaciones que han controlado al país, porque históricamente tales diálogos solo han conducido a que nada cambie y a que las instituciones continúen cooptadas. Los ciudadanos deben meditar sobre esto y llegarán a la conclusión de que así ha sido y que todo seguirá igual.
Finalmente, es preciso analizar lo siguiente: Si el Presidente de la República se resiste a renunciar y los diputados al Congreso de la República se resisten también a realizar las reformas legales que la ciudadanía demanda, será necesario que invoque –por tratarse de decisiones políticas de especial trascendencia– el procedimiento consultivo a que hace referencia el artículo 173 de la Constitución Política de la República y corresponderá al clamor popular forzar al Congreso de la República a que apruebe tal iniciativa a efecto de que el Tribunal Supremo Electoral convoque la consulta. Las preguntas fijadas con precisión deberán ser orientadas a lo siguiente: a) Si la voluntad ciudadana es que el Presidente Jimmy Morales renuncie; b) Si la voluntad ciudadana es que los actuales diputados al Congreso de la República renuncien. En su caso, si el Presidente no acata la voluntad ciudadana la PLAZA deberá continuar expresándose; lo mismo si los diputados se negaran. En ambos casos estaría justificada una pacífica presión popular al máximo nivel.
Si la presión ciudadana lo exige con fortaleza, podremos tener un sistema político saneado y un país que podrá caminar hacia una democracia viable.
Doctor en Derecho*
