Francisco Cáceres Barrios
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Extrañaba que el Ministerio Público no hubiera actuado porque tanto el presidente Jimmy Morales, el Ministro de la Defensa e integrantes de la cúpula militar se hayan autorrecetado el pago de un inventado y retorcido “bono de riesgo” por montos desde los Q35 hasta los Q50 mil mensuales, según las primarias informaciones de prensa. Felicito a quienes con valiente gesto interpusieron las denuncias aduciendo que el primer mandatario no es subalterno del Ministro de la Defensa, como que este último se haya autodespachado otra bonificación y concedido otras a sus allegados, a pesar que le espera una rápida jubilación superior a los Q70 mil mensuales, mientras a los afiliados al IGSS les cuesta un bigote percibir lo que en derecho les corresponde.
El hecho es el punible, por cuanto se dio un pésimo ejemplo a los empleados y funcionarios públicos cuando ellos, los beneficiados, debieran ser modelos de probidad, honradez y dignidad y aunque se haya informado que el presidente Morales ya reintegró los Q450 mil que se había embolsado, ante la prevención que le hiciera el Contralor General de Cuentas, para la gran mayoría de la ciudadanía eso no podía ser suficiente, mucho menos satisfactorio. Alguien criticó no haberse seguido el proceso administrativo en vez del procedimiento judicial, por lo que es oportuno recordar que sí se hizo y fue cuando el primer mandatario tampoco tuvo siquiera la cortesía de comunicarse con la población para tratar al menos de dar una mínima explicación.
“Lo mismo es tomar un centavo, que un quetzal o un millón de quetzales de lo que no es tuyo mijito”, decían los abuelos cuando formaban íntegramente el carácter de sus hijos y nietos. Y nosotros debiéramos continuar tan honesta costumbre y principio, porque el hecho es lo reprobable y por ello es que a juicio de muchos guatemaltecos el Ministerio Público hizo lo correcto al pedir el retiro de la inmunidad de la que disfruta el presidente Morales para que sea investigado y así, saber con certeza si cometió delito alguno para luego ser juzgado y sentenciado, si fuera procedente. No podemos contemporizar hechos como el relatado. Ahora, cuando vivimos en la actual triste situación en que los funcionarios, diputados y jueces son capaces de hacer cualquier barrabasada en beneficio de la impunidad y corrupción, es cuando debemos retomar los valores y principios éticos y morales generalmente aceptados, tanto en servidores públicos, como de la iniciativa privada, a todos los niveles jerárquicos, como de las condiciones socioeconómicas de nuestra sociedad, si es que en verdad deseamos mejorar el funcionamiento de nuestros gobiernos y nuestras políticas de buena convivencia sentando edificantes precedentes.
