Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Siempre ha sido una idea alentadora pensar que las nuevas generaciones vienen con ideas más frescas, menos comprometidas por errores históricos y más abiertas a que la modernidad se traduzca en transformaciones positivas. Sin embargo, ocurre que la realidad es un tremendo condicionante y por mucho romanticismo que exista, siempre pesa más ese entorno en el que se van moldeando las vidas y por ello es que posiblemente lo más acertado que ha hecho el presidente Morales es señalar el carácter de normalidad que tiene en nuestro medio la corrupción, puesto que se trata de experiencias que se viven de manera cotidiana y que hacen ver como bueno lo que en realidad es no sólo contrario a la ley, sino que, además, contrario a los valores éticos que son, por cierto, una especie de leyenda del pasado.
Es notable ver cómo las nuevas generaciones reaccionan ante actos inmorales como la utilización del poder que da la elaboración del Presupuesto General de la Nación para que sirva de ancla de un pacto para apuntalar para siempre la corrupción en el país. Y es que han encontrado en la también nueva figura del ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, la encarnación de esa forma tan relativa de entender la legalidad y la ética que se destruyen ante el paradigma de la juventud que en nombre del pragmatismo encuentra una explicación para sus formas de actuar.
Está bien acuñada la expresión de que es un “cabrón” quien logra destacar en esta ola de corrupción normal que se vive en sociedades como la nuestra y donde hay gente que toda su vida ha convivido con prácticas que en otros ambientes pueden parecer, por lo menos, cuestionables. Así se explica ver como “cabrón” a un ministro joven que llega a ser la lumbrera de un gobierno sin muchas luces y que no tiene reparos en promover leyes que tienden a despenalizar la corrupción. Y lo aplaude quien aprendió que fiscalizar a los bancos no implica ninguna responsabilidad que obligue a presentarse a los tribunales, aunque los descuidos de uno hayan provocado pérdidas irreparables a los ahorrantes que perdieron todo su dinero. Lo mismo hace quien fue enseñado que para elevar la plusvalía de tierras a lotificar hay que hacer que sea el pueblo quien pague por la construcción de algún millonario puente.
No digamos quien siendo encargado de Pronacom con Pérez Molina estaba ya fraguando con el mismo Estrada, a la sazón dirigiendo ANADI, el negocito de la construcción del centro de oficinas públicas que les permitiría construir y rentar el espacio para que durante décadas fueran establecidas allí las dependencias estatales en una “alianza público privada” sumamente rentable.
Todo eso se asume como parte de la normalidad en la vida del país, porque “así se hacen los negocios, se han hecho y se harán”, lo que obliga, lógicamente, a defender y aplaudir a quien entiende cómo se usa el poder y diseña una estrategia para acabar con la corrupción emitiendo leyes que, por decreto, eliminan tan feo concepto.
