Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Nunca antes un 15 de Septiembre tuvo tanto significado para los guatemaltecos. Este año muchos chapines manifestaron, de forma clara y contundente, el rechazo a una clase política que ha usado su posición para promover la impunidad y alimentar la corrupción.
En el preámbulo de la Constitución Política de la República se reconoce al Estado como el responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. La Constitución también regula en el artículo 141 que la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El mandato que reciben los funcionarios radica en la confianza que los electores le otorgan para gobernar a favor del bien común. Está claro que no deben actuar en perjuicio de los ciudadanos. El día miércoles 13 de septiembre, en el Congreso, 107 diputados aprobaron una ley a favor de la corrupción, lo que ofendió la dignidad del pueblo, pues atenta contra su seguridad. No existe explicación, ni justificación razonable para su proceder.
El sistema político permite la depuración por dos vías: la renuncia o la denuncia, esta última implica un proceso de antejuicio, seguido de un proceso penal. El paro al que hoy llaman algunos sectores y que ha hecho eco en la población, busca la renuncia, pues los diputados ya no tienen legitimidad.
Pero, para evitar que esto vuelva a repetirse, hace falta una solución al fondo del problema. ¿Cómo elegimos a una clase política que sea capaz de legislar para el beneficio de los ciudadanos? ¿Qué herramientas legales hacen falta para garantizar que el Estado sea administrado por funcionarios probos y competentes? ¿Cómo transformamos el Sistema de Justicia para que sea eficiente y transparente?
Guatemala necesita reinventarse. El sistema normativo requiere de una cirugía mayor, que siente las bases para una institucionalidad moderna en todos los ámbitos de la gestión pública. Existe cierto acuerdo entre algunos sectores de la sociedad en cuanto a las leyes que deben ser reformadas.
Hay un clamor por una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos; existe una alianza a favor de las reformas constitucionales del sector justicia, aunque no hay consenso en el contenido de las propuestas. Ese es uno de los verdaderos retos, porque es urgente construir una institucionalidad que acompañe al país a un futuro más prometedor, menos violento, en el que la justicia sea respetada y los corruptivos no tengan cabida.
Quienes se benefician de la corrupción, han tratado de enmarcar los esfuerzos por erradicarla, como una demanda social de izquierda. Aunque sería absurdo pensar que los grupos de derecha no quieren un Estado de Derecho. También aducen que es una imposición extranjera, por la presencia de la CICIG en el país, Guatemala. Sin embargo, fue Guatemala quien solicitó a la ONU la creación de esa comisión. Otro argumento que sostienen los que quieren impunidad, es el peligro de llegar a ser como Venezuela; en este punto podrían tener razón, pues la ingobernabilidad es insostenible y campo fértil para cualquier populista.
Por eso hacen falta propuestas coherentes para salir del atolladero. En este sentido el mayor enemigo que tenemos es la desconfianza, la apatía y el miedo. Hace falta consensos, liderazgo, y propuestas enfocadas en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si los sectores legítimos no lideran el cambio, caeremos en picada hacia una dictadura -como Venezuela-, o seremos un estado fallido como Haití.
