Luis Enrique Pérez
El Congreso de la República no declaró “con lugar” o “sin lugar” el antejuicio del presidente Jimmy Morales. No hubo tal declaración porque no se cumplió con el requisito constitucional de que por lo menos dos terceras partes del número total de diputados, hubieran votado en favor de declarar que había o no había “lugar” a la formación de causa contra el Presidente de la República.
El Congreso de la República tiene 158 diputados. Las dos terceras partes equivalen a 105 diputados. En favor de declarar “sin lugar” el antejuicio votaron 104 diputados; y en favor de declararlo con lugar votaron 25 diputados. Hubo, entonces, una notable minoría de diputados que votó en favor de declarar “con lugar” el antejuicio, y una notable mayoría que votó en favor de declararlo “sin lugar”; pero esa mayoría no fue suficiente. Necesitaba agregar por lo menos un voto.
Por esa insuficiente mayoría, y no por haber sido declarada “sin lugar” la solicitud de eliminar el derecho de antejuicio, el presidente Morales conservó ese derecho. Entonces, como lo manda la Ley en Materia de Antejuicio, el “expediente” se guardó en la Dirección Legislativa”; pero estará disponible para el “pleno del Congreso”, y los diputados pueden replantear el caso.
El presidente Morales fue acusado de haber cometido el delito de financiamiento ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional, del cual fue candidato presidencial ganador, en el último proceso electoral. La eliminación del derecho de antejuicio fue solicitada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral denunció el presunto delito.
Creo que hubo dos grupos principales de ciudadanos, en torno a la solicitud de eliminar el derecho de antejuicio. Un primer grupo opinaba que el presidente Morales debía conservar ese derecho. Si había habido financiamiento ilícito del partido, no era el caso que el presidente Morales tuviera que ser despojado del derecho de antejuicio. Algún subconjunto de este grupo sospechaba que el propósito de despojarlo de ese derecho era político: derrocar, con presunta legalidad, al presidente Morales, porque por medio de él gobernaba el Ejército de Guatemala; y tal derrocamiento era propicio para que fuerzas de izquierda invadieran la Presidencia de la República.
El segundo grupo pretendía que el presidente Morales fuera despojado del derecho de antejuicio. No importaba que él hubiera cometido o no cometido el delito del cual era acusado. Importaba despojarlo del derecho de antejuicio, someterlo a un tribunal del “orden común”, y condenarlo; y destruir, entonces, el poder militar que, supuestamente, era el que, de hecho, ejercía la Presidencia de la República, por medio precisamente del presidente Morales. Como sospechaba el primer grupo, el propósito era derrocar al presidente Morales, con presunta legalidad; y para consumar ese propósito, se había buscado un delito que podía ser imputado a él. No importaba cuál fuera el delito. Hasta podía ser inventado. Era un propósito de fuerzas de izquierda, ansiosas de ejercer el poder presidencial. Algún subconjunto de este grupo estuvo constituido por aquella izquierda que, en los últimos procesos electorales, había demostrado que ejercía, con asombrosa maestría, el arte de fracasar políticamente.
La comisión pesquisidora intentó complacer a ambos grupos. En sus conclusiones afirmó que, “como consecuencia de los hechos investigados”, el presidente Morales debía ser sometido a la “justicia común”, por su “probable participación” en “la falta de presentación de informes” y por negarse a suministrar información al “órgano electoral” cuando fue Secretario General del Frente de Convergencia Nacional. Empero, también afirmó que no había “indicios para considerar” que él hubiera tenido “participación directa en los hechos planteados en el expediente de antejuicio.”
Post scriptum. Aunque la comisión pesquisidora, de la cual ningún diputado del partido oficial fue miembro, no hubiera intentado favorecer al presidente Morales, lo favoreció; y frustró la ansiosa esperanza de quienes pretendían derrocarlo con presunta legalidad. Conjeturo que la pretensión no ha cesado.
