Víctor Ferrigno F.
Aún no se asentaba la indignación ciudadana por el pacto de impunidad entre los diputados y el Presidente, para frenar el antejuicio por financiamiento electoral ilícito, cuando un nuevo escándalo por los sobresueldos que el Mandatario recibió del Ministerio de la Defensa Nacional derrumbó la poca credibilidad que le quedaba.
Hasta el portero de la Casa Presidencial sabe que el Presidente tiene impedimentos legales y éticos para recetarse un sobresueldo por cumplir con su trabajo, cuando ya le pagamos Q147 mil al mes, el salario presidencial más alto de América Latina, equivalente a 50 veces el salario mínimo, que devengan los trabajadores honrados y hambreados.
Jimmy Morales ganó abrumadoramente las elecciones porque representaba la antipolítica, y porque convenció a los incautos que no era corrupto ni ladrón. ¿Cómo queda su credibilidad ahora que se le procesó por financiamiento electoral ilícito, y se le volverá a procesar por un sobresueldo ilegal? Evidentemente muy mal, pero el país quedará peor, porque los tripulantes del barco a la deriva ya están proponiendo tirar al capitán por la borda. Sería el segundo en dos años.
Ayer, la revista Nómada destapó que Jimmy Morales cobró un cheque del Ministerio de la Defensa Nacional. A las pocas horas este Ministerio emitió un comunicado en el que aclara que el Presidente cobra el sobresueldo desde el inicio de su mandato, amparado en el Acuerdo Administrativo Interno 10-2016, el décimo emitido el 1° de enero de ese año, en pleno asueto de Año Nuevo. ¿Muy trabajadores o cometen delito de falsedad? El MP dirá.
Si lo anterior es cierto, el Acuerdo lo autorizó Alejandro Maldonado y lo refrendó Jimmy Ernesto Morales, al recibir el primer cheque, pues ambos actuaron como Comandantes Generales del Ejército. El Ministro es obediente y no beligerante, por lo que no pudo actuar sin la autorización de su jefe de turno.
En una estructura militar, el jefe máximo es responsable de los actos de sus subordinados al avalarlos, máxime si se beneficia monetariamente de ellos; así que Morales tiene un nuevo antejuicio en la puerta. Esto implica que tendrá que pactar nuevamente con los diputados encubridores, que le cobrarán el favor con intereses, y como resultado tendremos a un Presidente cooptado, agravándose la crisis política e institucional, con consecuencias desastrosas.
El domingo pasado, sesionando en secreto, la Comisión Pesquisidora refrendó la opinión de la Corte Suprema de Justicia, y determinó que había suficientes indicios de ilícitos para despojar al Presidente de su inmunidad. Además, resolvió que el procesamiento iniciado por el MP y la CICIG no era espurio ni ilegítimo. Sin embargo, 104 diputados blindaron a Morales y archivaron un proceso que, durante el resto de su mandato, supurará las miasmas de la impunidad.
Si el Presidente, el Congreso y las Cortes carecen de credibilidad ¿cómo podremos sacar a flote el país? ¿Cómo superar el hambre, la violencia, el narcotráfico y la corrupción?
Ahora, los tres poderes del Estado son parte nodal del problema, sin legitimidad ni credibilidad para aportar a la solución. El reclamo ciudadano de depurar el Parlamento y la exigencia que el Presidente renuncie ya resuena en las calles.
No podemos seguir en esta crisis ni pretender solucionarla con parches reformistas. Es ineludible que avancemos, concertadamente, a una Asamblea Nacional Constituyente, de poder originario. Antes, hay que fraguar un pacto social mínimo, en una sociedad confrontada, desconfiada y desorganizada.
Parece que habrá que esperar que el barco encalle y se despedace, para que los sobrevivientes asumamos el reto de construir una patria para todos.
