Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Durante los últimos diez años Guatemala ha contado con un aliado importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A esta entidad se le encomendaron tareas complejas, que el propio Estado de Guatemala se reconoció incapaz de hacer por sí mismo.
A CICIG se le atribuyó la responsabilidad de investigar el funcionamiento de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, o redes político económicas ilícitas. También, se le facultó a colaborar con las instituciones del Estado en desarticular esas redes, así como promover la persecución penal de los delitos que cometen sus integrantes. Además, tiene la capacidad de hacer recomendaciones al Estado para adoptar políticas públicas y realizar reformas legales, encaminadas a erradicar y prevenir la reaparición de esos aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad.
Una de las fortalezas principales de la CICIG es su independencia; la facultad de poder investigar sin presiones de los organismos del Estado o de los grupos de influencia. A través de su labor, se han visto expuestos presidentes, ministros, congresistas, empresarios, militares y jueces, así como otros personajes cercanos al poder político que se han enriquecido a base de un sistema de privilegios.
Si evaluamos el desempeño de CICIG hay que reconocer que, al inicio de su mandato, el comisionado Carlos Castresana promovió la aprobación de leyes, que hoy son herramientas valiosas en la persecución penal. Mientras que la gestión del comisionado Iván Velásquez expuso el grado de corrupción dentro de las instituciones del Estado y la injerencia del poder político sobre el poder judicial. También develó el financiamiento ilícito de campañas electorales. Él ha tocado las fibras más sensibles de un sistema que fue diseñado para mantener la impunidad, lo que le ha granjeado poderosos enemigos.
Aunque los logros de CICIG saltan a la vista y los avances por fortalecer las instituciones han sido reconocidos en el mundo entero como uno de los esfuerzos más exitosos de lucha contra la corrupción, aún hay mucho por hacer para desarticular las redes del crimen organizado que tienen cooptado al Estado de Guatemala. El camino para erradicar esas mafias y evitar que reaparezcan es cuesta arriba. Requiere de estrategias conjuntas con los actores nacionales y de una voluntad política que tristemente, en Guatemala de momento no existe.
Hace falta considerar que la corrupción es consecuencia de una enorme debilidad institucional, pero subyace un interés de grupos ilegales muy poderosos que se benefician de la ausencia del Estado de Derecho y que más allá de la corrupción, se dedican a todo tipo de ilícitos: narcotráfico, tráfico de armas, de personas, robo de bienes inmuebles, extorsiones, etc.
Es evidente que quienes se han visto expuestos por la Comisión, en casos de corrupción, son sus férreos enemigos y buscan por todos los medios a su alcance para debilitar su funcionamiento. En su afán por defender el status quo –donde ellos eran intocables– se han aliado con el crimen organizado internacional que cuentan con recursos económicos ilimitados, estrategias y mecanismos para enfrentarse a quienes luchan porque prevalezca un régimen de legalidad.
La CICIG no fue concebida para sustituir las funciones que les corresponden a las instituciones públicas. Su éxito en la persecución penal va de la mano con la capacidad del Ministerio Público; en obtener sentencias condenatorias depende de un Organismo Judicial que necesita profundas reformas. A los guatemaltecos les toca aprovechar el apoyo que la comunidad internacional ha dado a través de la CICIG, o permitir que las mafias nos sigan gobernando.
