Juan José Narciso Chúa
Apenas había conseguido salir de un problema, cuando el Presidente Morales se mete en otro. No cabe duda que su gestión no sólo es de las peores de la historia democrática, sino además es la que más deterioro ha sufrido en el poco tiempo de estar al mando de su frágil régimen.
El Ejército como institución durante la historia ha tenido enormes transformaciones, pero pareciera que al final nada ha cambiado, más allá de la cuestión contrainsurgente que le permitió actuar como Estado propiciando las más graves y deleznables violaciones de los derechos humanos, así como le permitió el enriquecimiento permanente de muchos de sus más altos comandos militares. Luego, vino el reacomodo a partir de los Acuerdos de Paz y se limitaron funciones, su actuación se supeditó al mandato de la sociedad civil y luego también se redujeron espacios propios para la cooptación y la corrupción como el Estado Mayor Presidencial.
Sin embargo, su espíritu de opacidad se mantuvo, se retrajeron considerablemente hacia lo interno de su institución, pero al final acá buscaron constituirse como centro en donde se tejen enormes intereses vinculados a la corrupción, cuestión que hoy, aunque quieran arroparlo de legalidad, huele muy mal, se ve muy mal y parece que camina muy mal de cara al futuro.
El presupuesto anual del Ministerio de la Defensa Nacional se ubica dentro de los primeros cinco, en el proyecto de presupuesto para 2018, ello significa que sin constituir un gasto productivo, sino todo lo contrario, improductivo por definición, termina de hacerse aún más lesivo para una sociedad con enormes brechas de desigualdad. La suma asignada al renglón 015, denominado: Complementos Específicos al Personal Permanente, alcanza la nada despreciable cantidad de Q.421 millones (el Periódico, 13/09/17), los cuales se distribuyen entre diversos miembros de la institución militar, con lo cual recrean un fuero especial o un espacio de beneficios particulares, que atentan contra cualquier funcionario o servidor público, quienes apenas devengan exiguos sueldos u honorarios. ¿Cómo puede ser esto?, ¿cómo puede ocurrir en el seno de las Fuerzas Armadas tal granjería?, que viola cualquier precepto de igualdad entre los empleados públicos, ¿cómo puede decir un alto funcionario del Ejército?, “que el acuerdo ministerial tomó tiempo en hacerse vigente, porque están aprendiendo a ser transparentes”, vaya flagrante afirmación.
Pero lo peor de todo, es el actual Presidente. En el marco de esa opacidad ominosa, se hace partícipe de una alegre juerga, en donde él mismo es beneficiario de un “Bono de Responsabilidad” que suma Q50 mil mensuales, vaya abuso, vaya –en contrario sensu a la denominación de dicho bono– irresponsabilidad.
Mal hace el Ministro de la Defensa en pretender hacer legal un acto indiscutible de opacidad; mal hace un Presidente actuar en el marco de la inmoralidad, al recibirlo y depositarlo sin ningún miramiento, ni pena, ni cargo de consciencia a su cuenta personal y aún más, peor hace el Ministro de Finanzas Públicas, al pretender justificar este vergonzoso acto de opacidad e inmoralidad pretendiendo cubrirlo haciendo uso de vacíos en la ley de Servicio Civil y diciendo que el Ministerio de la Defensa tiene autonomía para realizar un acto que raya en lo delincuencial.
La Contraloría General de Cuentas de la Nación, tiene la palabra, posee la oportunidad de convertirse en el fiel de la balanza y de actuar en el lado de la ley, ponerse a tono con la indignación del pueblo, para que efectivamente se terminen este tipo de zonas de privilegio, que representan un acto ofensivo para el pueblo, un golpe bajo a los profesionales, técnicos, administrativos y operativos que trabajan para el Estado y una espina dolorosa en la columna vertebral de los servicios públicos que no cuentan con las condiciones mínimas para atender a la población.
Después de ver este acto de opacidad e inmoralidad, al pueblo únicamente le queda la indignación. Es imposible permanecer impasible ante actos tan deleznables como el presente. La movilización ciudadana está ahí, pendiente, atenta, lista para salir a defender sus derechos. La indignación es el resorte que nos movió en el 2015, hoy estamos ante otra situación ante la cual no podemos permanecer callados, ausentes o indiferentes. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad tienen la palabra, el pueblo espera impaciente, nosotros tenemos la acción y la presión ciudadana.
