Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
El plan de fiscalización de la SAT para el 2017 inició enfocado en 10 importantes áreas, que incluía razonablemente a los identificados con reportes dudosos, a los que gozan de beneficios fiscales y a los obligados de informar sobre precios de transferencia (operaciones con partes relacionadas en el extranjero), entre otros, lo cual vislumbraba pasar de la desentonada mentalidad represiva del año anterior, a las legítimas y prioritarias de control y verificación del correcto cumplimiento de las leyes tributarias, para así buscar cumplir con recaudar con más efectividad los ingresos que el Estado requiere.
No obstante lo anterior, también se ha puesto en marcha un procedimiento emergente para agilizar la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado por más de 3 mil 500 millones de quetzales (que tienen derecho solo los que se dedican a la exportación y quienes venden a personas exentas en el mercado local), motivado por una presa de más de 2 mil expedientes auto provocada por la institución con sus improvisadas decisiones administrativas que produjeron inmediatamente un efecto embudo innecesario, que solamente avanzaba si los interesados acudían a los tribunales constitucionales a través de la acción de amparo para obligar a que les fueran resueltas cada una de sus solicitudes so pena de incurrir en responsabilidad legal.
Es ineludible la devolución pedida, pero lo preocupante no son únicamente los aspectos técnicos del método ofrecido sino que la designación de centenares de auditores fiscales para los efectos, quienes no solo tendrán la total responsabilidad por lo revisado y resuelto; además, desatenderán una de las principales funciones del ente tributario, consistente en fiscalizar el cumplimiento tributario de los obligados tributarios generales, por lo que se afirmaría el dicho popular que “se va desvestir un santo para vestir a otro”.
Lo alarmante de tal decisión es que traería como consecuencia riesgos fiscales por la disminución de resultados de fiscalizaciones, que se sumarían a los ya expresados en columnas anteriores, como la falta de acciones contundentes dirigidas a un aumento sostenible de la recaudación ordinaria, especialmente en el área de aduanas que está visiblemente desmejorada. Situación que podría agravarse si en el congreso resultan aprobados los incentivos fiscales ya solicitados y los que se presenten a corto y mediano plazo.
De continuar los riesgos relacionados hasta concretarse entonces se verá afectada directamente la meta de recaudación del próximo año y advirtiéndose como problemático el escenario tributario. Tal extremo traería como consecuencia un perjuicio en el gasto público programado ante la baja percepción de ingresos tributarios, por lo que nuevamente habrá que salir en búsqueda de más recursos, que como tendencia en los últimos años tendrá como primera acción el acudir nuevamente a exoneraciones de multas, recargos e intereses para motivar el pago extemporáneo de impuestos e intentar con ello alcanzar las metas recaudatorias, incluso otorgándolas por plazos largos y luego ampliados como se ha hecho para salvar el presente período (un tercio del año exonerando), lo cual no permite crear cultura tributaria; consecuentemente, tampoco contribuye al aumento de la moral tributaria.
