Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Nunca pensé que el cambio de un sistema tan podrido como el nuestro a uno que privilegie la transparencia para garantizar que hasta el último de los centavos del erario se use para promover el bien común iba a ser cosa fácil. Era obvio que los beneficiarios de la corrupción han sido muchos y que es larga la lista de los que, sin haberlo sido, están listos para aprovechar la oportunidad que se les presente. También supe desde el principio que la defensa del sistema contaría con colosales recursos para ir apuntalándolo, aprovechando las experiencias que dejó aquella especie de primavera de decencia del 2015 cuando tanta gente se entusiasmó ante la perspectiva de que podríamos lograr el objetivo de reconstruir nuestro país.
Y no creo que lo que ahora está pasando sea inesperado porque desde el mismo momento en que las élites del país decidieron que teníamos que ir a elecciones en ese mismo año bajo las reglas que durante la llamada era democrática han permitido la cooptación del Estado, era previsible el fracaso. Puestos a elegir entre los políticos corruptos de siempre y un novato que ofrecía como carta de presentación que no era ni corrupto ni ladrón, muchos creyeron que el camino para mandar por un tubo a los pícaros era votar masivamente por lo desconocido. Nadie reparó en quiénes estaban atrás del proyecto político ni en los que le dieron vida al partido que se presentó como algo “nuevo”.
Hoy el Congreso, electo en esas circunstancias, tendrá que decidir sobre el trámite de un antejuicio presentado contra el Presidente Morales. No es un antejuicio para meterlo preso, sino para que se permita investigar todo lo relacionado con el financiamiento electoral en su campaña porque gracias a la inmunidad que le protege, los entes a cargo de las investigaciones no pueden hacer su trabajo. Ya se anticipa que, aunque se diera el remoto caso de que la comisión pesquisidora recomendara retirar la inmunidad para facilitar la investigación, el pleno del Congreso no reunirá los votos necesarios para aprobar el antejuicio.
Y estaremos nuevamente en un punto muerto de la lucha contra la corrupción, porque veremos que, aunque no lo quiera nadie, el sistema se fortalece y demuestra que la institucionalidad está al servicio de las viejas prácticas de la corrupción. Una corrupción que aunque sea denunciada por muchos, es practicada hasta por los mismos que la critican del diente al labio porque se ha convertido en una práctica común en nuestra sociedad, no digamos en el modelo de gestión pública.
Hay muchas quejas por la violación de la soberanía nacional debido a la actitud de entidades extranjeras, como la CICIG, y de misiones diplomáticas que la apoyan y financian la lucha contra la corrupción. Yo estoy convencido de que la soberanía plena no existe ni ha existido y que de una u otra manera los países más grandes influyen y deciden sobre asuntos vitales que nosotros, los ciudadanos, no tomamos en cuenta.
Empezará otra etapa en la lucha para darle vida a un nuevo modelo político y social que erradique la corrupción y seremos muchos los que seguiremos batallando para lograrlo.
