Félix Loarca Guzmán
La actual crisis política de Guatemala que se produjo como consecuencia del anuncio del presidente Jimmy Morales, de ordenar la expulsión del territorio nacional del jurista colombiano Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG luego de declararlo “non grato” por excederse en su mandato, no es más que una lucha de poderes.
Hay que tener presente que este problema tiene como escenario los señalamientos de la Fiscal General, y el Jefe de la CICIG, en contra del gobernante por supuesta responsabilidad en un caso de financiamiento electoral ilícito cuando era Secretario General del partido que lo llevó al poder, lo cual dio lugar a una petición ante el Organismo Judicial para despojar de su inmunidad al Presidente.
Pero por otra parte, no se puede pasar por alto que la Fiscal tiene su agenda, y que todas estas acciones pueden formar parte de un esquema para consolidar su imagen hacia un posible futuro político.
Desafortunadamente, toda esta crisis ha provocado una impresionante división entre la sociedad, alimentada por la manipulación de algunos medios de comunicación, que en forma abierta o solapada se han pronunciado a favor o en contra de la decisión del Presidente de expulsar al Jefe de la CICIG.
El caso derivó en una batalla judicial en la Corte de Constitucionalidad, luego que algunas personas interpusieran acciones de amparo para impedir la ejecución de la orden presidencial.
Ayer martes, los Magistrados suspendieron en forma definitiva la orden del gobernante, al considerar que carecía de requisitos legales, pues no fue conocida ni refrendada en Consejo de Ministros.
Si bien es cierto que el Comisionado de la CICIG, ha realizado una loable labor en contra de la corrupción, también lo es que hasta ahora sus baterías se han concentrado en perseguir a funcionarios públicos, a miembros de la clase política y a algunos empresarios de menor rango, pasando por alto que estas personas solo han sido instrumentos de los verdaderos factores de poder que tienen secuestrado al país y que son los responsables de toda la purulencia que campea en diferentes instituciones estatales.
Este es el momento para que la CICIG reoriente el trabajo cumpliendo su mandato, para desarticular a los grupos clandestinos que están incrustados en el Estado. Asimismo, el presidente Morales, debe fortalecer su gobierno, sin improvisaciones, con una postura independiente sin atender presiones internas o externas, como la de haberse sumado a un pequeño grupo de gobiernos desprestigiados de la región, promoviendo una conspiración internacional contra Venezuela, lo cual fue un error garrafal.
