Oscar Clemente Marroquín
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En Estados Unidos se está investigando al presidente Donald Trump no sólo por los vínculos que pudieron existir con los rusos durante la campaña sino por la forma en que él, desde la presidencia, ha tratado de detener esas investigaciones, lo que podría ser constitutivo del delito de obstrucción de la justicia, mismo que fue el que sepultó a Nixon, y que parece estar detrás de la destitución del Director del FBI y de las amenazas contra el Fiscal Especial nombrado para la investigación después del despido abrupto de Comey.
Resulta que en Guatemala estamos viviendo una situación que puede tipificarse como obstrucción de la justicia porque sin razones de Estado sino simplemente bajo el aliento de sus propios temores y por los vasos comunicantes que hay entre Casa Presidencial y el Zavala, el Presidente se ha propuesto sacudirse del comisionado Iván Velásquez y para ello organizó un viaje a la sede de Naciones Unidas, en donde se reuniría con el Secretario General para pedir la destitución del titular de la CICIG. Eso ocurre no sólo en el marco del ya público caso que se sigue contra su hijo y su hermano por negocios en el Registro General de la Propiedad en tiempos de Anabella de León, sino que en el de las investigaciones que hay sobre el financiamiento electoral ilícito del partido que postuló al gobernante y del que él era el representante legal en su calidad de Secretario General.
La actitud timorata del Tribunal Supremo Electoral frente a FCN y la UNE sólo sirvió a la UNE porque en el caso de FCN hay abiertas investigaciones por varias situaciones derivadas del financiamiento electoral, entre ellas las “colectas” que hizo Mérida entre la comunidad migrante en el extranjero, la falta de informes confiables de contabilidad de los gastos de campaña y el caso del narcotraficante conocido como “El Fantasma” del que se ha dicho desde hace varios meses que fue uno de los financistas del proyecto político.
Nada de eso está aún probado ni se ha iniciado causa judicial alguna al respecto, pero se sabe que hay investigaciones y que las mismas pueden alcanzar a quien era Secretario General del Partido FCN, por lo que una iniciativa como la que promueve Morales, empeñado en salir de Iván Velásquez, tiene la evidente y obvia intención de atajar esas investigaciones y eso termina siendo, ni más ni menos, obstrucción de la justicia que se tipifica como delito en nuestro ordenamiento legal.
Yo sostengo que, contra lo que algunos han expresado en el sentido de que el Canciller ya dijo que no habrá petición en contra de Iván Velásquez mañana en la ONU, el plan no ha sido abortado en absoluto porque la comparecencia del vocero presidencial dejó en claro que la intención existe y la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores fue un galimatías en el que iba y venía evadiendo el tema puntual. Cierto que lo forzaron a decir que renunciaría si se llega a dar el caso, pero eso no disipa la actitud que el presidente Morales tiene hacia la CICIG y, con evidente ponzoña, hacia la Fiscal General.
