Víctor Ferrigno F.
En medio de una creciente crisis política e institucional, Guatemala se asemeja a un barco sin capitán y sin rumbo, que previsiblemente encallará en el desgobierno.
El símil viene a cuento por la matanza en el Hospital Roosevelt, donde confluyeron las crisis de varios sistemas: el hospitalario, el de probidad, el carcelario, el de seguridad, y el político, con una cauda de siete muertos y doce heridos.
Los médicos y enfermeras trabajan en condiciones lamentables, en hospitales atestados, sin medicinas ni insumos suficientes, con equipo obsoleto, devengando salarios miserables y en un ambiente insalubre. A ese caos ahora se le suma el riesgo de morir en una balacera entre custodios, policías y delincuentes.
Según datos oficiales de 2014, Guatemala apenas tiene 0.7 camas por cada mil habitantes, mientras que el Congo sobradamente nos duplica con 1.6, y Cuba nos apabulla con 5.1. Estas carencias se deben a que los que más tienen evaden y eluden impuestos, lo poco recaudado se malversa, no hay planes ni políticas de largo plazo, y los gobernantes han sido incapaces, irresponsables y corruptos.
El sistema de probidad también está colapsado, por lo que es casi imposible hacer compras de medicinas e insumos con transparencia, aun habiendo fondos; después de las investigaciones del MP y la CICIG, nadie quiere integrar las Juntas de Licitación.
UNOPS, la agencia de proyectos de la ONU, fue encargada este año por el IGSS para efectuar compras de medicinas e insumos hospitalarios. En la primera compra el Instituto se ahorró Q200 millones, equivalentes al 50% de la adquisición. Así de inflados estaban los precios, así de dilatada está la corrupción, que cuesta vidas y sufrimientos sin par.
El sistema carcelario (no llega a penitenciario) es un abismo de impunidad y corrupción. Los reos entran y salen cuando quieren, incluso para efectuarse una diálisis, como el caso del mafioso (me niego a llamarle privado de libertad) que fue rescatado por una clica que durante semanas vigiló ingresos, evaluó la seguridad, y efectuó una matanza por miserables Q200.00 por cabeza.
La Ministra de Salud recién denunció que el sistema carcelario incumple con los protocolos de seguridad para el traslado de reos, y que en 2015 se construyeron dos clínicas para que los reclusos no fueran trasladados. Estas dejaron de funcionar porque los reos amenazaron de muerte a los médicos para que se fueran, y así poder salir, pues son ellos quienes gobiernan las cárceles.
Ante la matanza, de manera oportunista, en el Congreso desempolvaron una ley antimaras y otra que faculta al Ejército a seguir en funciones de seguridad pública y efectuar capturas. Ello a pesar de que el Ministro de Gobernación denunció que pagaban los salarios de dos mil soldados y les proporcionaban doscientos.
La peor respuesta fue la del Presidente: hospitales custodiados por soldados con armas de guerra, y aplicar la pena de muerte, ignorando que está suspendida, y no se puede imponer por asesinato, según la CC. Demagogia pura y dura. Para colmo, teniendo un 30% de aceptación, pretende sacar a Iván Velásquez, que goza de más del 80% de simpatía ciudadana. Suicidio político.
Cuando toma posesión, el Presidente entrante jura fortalecer el Estado de Derecho y respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación. El Presidente del Congreso le amonesta diciendo: si así lo hiciere la patria lo premie, de lo contrario la historia y el pueblo de Guatemala se lo exigirán y se lo demandarán. Ya falta poquito.
