El sistema de Justicia queda cada vez más expuesto al conocerse detalles sobre los procedimientos y acciones con las que se otorgan beneficios a quienes están siendo acusados o guardan prisión por los casos de crimen organizado para actividades violentas o de corrupción. Tras haber atestiguado el terrible ataque de supuestos pandilleros para rescatar a un recluso trasladado al Hospital Roosevelt, cuando se conoce que muchos detenidos salen y disfrutan de beneficios apoyados por decisiones judiciales.
Muchas familias están de luto tras haber perdido a sus seres queridos en este sangriento operativo en el que se expuso a los guardias del sistema penitenciario que fueron insuficientes para enfrentar el ataque, sino también a particulares que estaban en el centro asistencial en busca de atención médica y a los profesionales de la salud que trabajan en dicho nosocomio.
Tanto dolor, destrucción y terror generados por decisiones que pudieran haberse evitado. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), tiene que realizar un trabajo mucho más profundo para justificar el tratamiento a reclusos y, más aún, cuando se trata de individuos de alta peligrosidad. El sistema penitenciario debería contar con un mínimo de atención médica para evitar que quienes guardan prisión tengan que salir hasta para sacarse sangre; ayer se mencionaba que cerca del 80% de los reos que llegan a los hospitales no requieren atención médica y esto significa que salen de paseo representando un altísimo riesgo para la sociedad y para sus custodios.
Recordemos que hace unos años se detuvo en las calles a Byron Lima con sus escoltas y en un vehículo blindado tras haber pasado un día entero en el negocio de su pareja. Este sistema de beneficios no tiene que ver con la imposición de castigo a quienes han sido condenados. En el caso de los detenidos por prisión preventiva, ¿quién controla a qué es a lo que salen? Si se supone que están detenidos para evitar que puedan influir en sus casos o hasta huir de ellos, ¿qué justificación hay para que puedan ir a sus casas cada vez que se les antoja?
Por supuesto que se tienen que reconocer los casos en que en los que es absolutamente necesario que se otorgue permisos para recibir atención médica, por ejemplo. Pero no puede seguir siendo solo tramitar papeles sin verificar la verdadera necesidad de cada caso para evitar situaciones como las que se han vivido esta semana.
El sistema penitenciario no puede seguir siendo de beneficios apoyado en decisiones de los jueces ni el Inacif seguir avalando estas situaciones.
