Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En las últimas décadas se ha puesto atención a la importancia que tiene la gobernanza en la economía y el desarrollo de los países. Pero ha sido recientemente que este concepto ha tomado mayor relevancia. Esta se entiende como una nueva forma de gobernar que promueve la participación de la sociedad civil en el quehacer público, lo cual lo legitima y fortalece. Muchas instituciones internacionales resaltan la necesidad de la gobernanza para generar riqueza.
El Banco Mundial ha dedicado el informe de 2017 “Governance and the Law” a este tema. Según el presidente del Banco, Jim Yong Kim, existe cada vez mayor demanda, por parte de la población, de servicios e infraestructura adecuada, así como de instituciones eficientes, capaces de brindar justicia. En su opinión, los gobiernos deben utilizar sus recursos de manera adecuada y ser transparentes en su gestión. Según indica es necesario “aprovechar los conocimientos del sector privado, trabajar estrechamente con la sociedad civil y redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Si no se fortalece la gobernanza, nuestros objetivos de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida serán inalcanzables”.
La región latinoamericana tiene pendientes enormes desafíos para transformar la región en un área más prospera y equitativa para sus habitantes. Aunque se han logrado resolver la mayoría de conflictos armados internos, la violencia sigue siendo un problema que afecta a muchos de los países del continente. Otro de los grandes retos es crear instituciones capaces de enfrentar la corrupción.
A pesar de las diferencias y particularidades de los distintos países en Latinoamérica, la reforma del Estado es un tema pendiente en muchos de ellos; en especial la transformación del Poder Judicial. En algunos, la ineficiencia, así como la falta de independencia de presiones políticas en la justicia, socavan el respeto al Estado de Derecho, la ejecución de los contratos y la protección de los derechos de propiedad.
De acuerdo a un estudio del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo:
“Muchas de las reformas dependen de la creación de nuevas instituciones, de cambios constitucionales o de modificaciones profundas en el sistema administrativo, afectando el statu quo de diversos grupos, algunos atrincherados desde hace décadas en el aparato estatal.”
En el mismo sentido, el Banco Mundial concluye en su informe que no es fácil introducir y aplica políticas públicas adecuadas, pues existen en la sociedad grupos de individuos que se benefician del “status quo”. Estos grupos son muy poderosos y se resisten a la implementación de las reformas necesarias para cambiar el equilibrio existente. Esto es precisamente lo que sucede en Guatemala, con la resistencia a transformar el Sistema Judicial y apoyar las reformas constitucionales, pues muchos individuos se han aprovechado de la debilidad institucional y no quieren que esto cambie.
Para lograr contrarrestar esta situación el Banco Mundial indica que las instituciones deben cumplir con tres funciones básicas: La primera es promover un compromiso entre los ciudadanos para implementar las políticas necesarias. También deben mejorar la coordinación para evitar temores y comportamientos sociales adversos. Por último, es necesario alentar la cooperación, entre los distintos sectores, de manera que los individuos se comprometan a cumplir las nuevas políticas, en beneficio de toda la comunidad.
Todos los países se enfrentan en distintos momentos con procesos políticos complicados, pero en la medida en que los ciudadanos se involucran, se logran avances importantes, como sucedió en la Revolución Francesa. Por eso es necesario que en nuestro país la sociedad civil, –en todos sus niveles y dimensiones– se involucre en la transformación del Estado y la implementación de la gobernanza.
