Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudieron tomar el pulso de la crisis institucional que se vive en Guatemala y que va mucho más allá del ámbito mismo de competencia de la CIDH aunque, por supuesto, ese deterioro tan amplio y generalizado en las funciones del Estado termina afectando a la población que ve mermada su calidad de vida y en consecuencia, violentados sus derechos fundamentales. Y es que para donde veamos hay problema, puesto que lo mismo en el campo de la salud que en el de la educación, en el de la infraestructura y la prevención de desastres, en seguridad y justicia, todo anda patas arriba, y cada día es más evidente que se perdió por completo el sentido de la función pública y el país se encuentra en tal descomposición que es imposible esperar una salida sin entrarle a los temas fundamentales.
Y todos los ciudadanos tenemos que pagar consecuencias por la ausencia de un sistema político eficiente, la eterna presencia de la corrupción como eje y motor de la vida nacional, y la certeza de la impunidad que ha sido el gran aliento para que cualquiera se meta a la danza de sobornos y mordidas que es, por lo visto, la hoja de ruta que se sigue tanto desde el sector privado como desde la clase política porque, finalmente, aquí lo único que avanza es lo que se ve alimentado por esos billetes bajo la mesa que son literalmente el pan de cada día.
Mientras no entendamos que nuestro sistema político con partidos que son instrumentos de la corrupción únicamente sirve al perverso interés de sus caciques, podemos asegurar que el país continuará por el mismo sendero porque no existe opción ni salida. Aún los grupos que se van formando para participar en política tienen los mismos vicios y pecados de origen que los otros puesto que no existe en el país la noción de lo que significa la labor partidaria entendida como instrumento para canalizar la participación ciudadana en la vida política de la Nación. Aquí los afiliados apenas son un número para llenar un requisito, pero las decisiones importantes se toman en las cúpulas partidarias con visión de negocio lucrativo.
No es exagerado decir que en Guatemala la función pública se convirtió en el medio para hacer dinero con la corrupción y por ello las decisiones se toman únicamente con base en las coimas a repartir. Lo que no deja utilidad nunca llega a convertirse en política pública porque todo gira alrededor de los trinquetes, desde lo más elemental y sencillo como los policías que ponen sus puestos de registro para morder, hasta el Presidente que recibe soborno millonario de quienes quieren poner a trabajar un puerto, para señalar un caso concreto.
Para darle viabilidad a ese sistema perverso se puso especial esmero en construir el muro de la impunidad que constituye la garantía de que el ladrón podrá disfrutar de los bienes mal habidos. Y al decir el ladrón no me refiero únicamente el político que se embolsa dinero, sino también a quien construye obras de pésima calidad o se beneficia con contratos o licencias.
En medio de tal realidad, el país no tiene salida y el pueblo está condenado.
