Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer se conoció la declaración de la Fiscal General de Panamá, Kenia Porcell, afirmando que Odebrecht, el emporio brasileño de la corrupción, aceptó pagar una sanción de 220 millones de dólares, además de comprometerse a actuar como colaborador eficaz en las investigaciones que realiza la Fiscalía para procesar a los panameños con los que hicieron negocios, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli. Mientras eso pasa en Panamá, aquí en Guatemala el Presidente y el Ministro de Comunicaciones andan viendo cómo negocian para dar por cancelado el contrato que se suscribió con Odebrecht, mientras que nuestra Fiscalía y la CICIG no avanzan en las investigaciones, sin duda porque, como con el Transurbano, este escándalo arrastra a la gente de la UNE que, por lo visto, tiene buenos agarres aún para evadir el peso de la justicia.
En Panamá, según se desprende de la información divulgada al mundo entero, ha sido la Fiscalía la que se encargó de apretar a los brasileños tanto que se vieron obligados a pagar una sanción económica verdaderamente millonaria. Y es que esa empresa hizo micos y pericos a lo largo y ancho del continente y se sabe que hasta en Estados Unidos hay varios Estados que cayeron en las redes de la corrupción del gigante de la construcción de Brasil que tiró pisto a manos llenas para sobornar a quien se le puso enfrente.
El Caso de Odebrecht tiene raíces muy profundas, como otros trinquetes hechos con brasileños, entre ellos la fallida compra de aviones y de los buses para Transurbano, que se encuentran en el gobierno de Colom y fue en ese período en el que los diputados aprobaron, mediante el pago del soborno respectivo, las negociaciones y la constitución de la deuda que el país contrajo para cubrir el «costo» de las obras asignadas a la firma que se aprovechó de la corrupción generalizada en el Continente.
Es en realidad preocupante ver que las autoridades a cargo de la investigación criminal muestran su eficiencia y capacidad al destapar casos tan complejos como el de la Cooptación del Estado o el de los negocios de construcción de la época de Sinibaldi pero, aún entendiendo que en esos casos se siguió una matriz que había sido aplicada por gobiernos anteriores, no hay forma de que le entren a nada que huela a Colom. Sabrá Dios por qué ocurren esas cosas, pero lo cierto es que hasta la muerte de Lima Oliva, que parecía condenada a quedar como casi cualquier crimen al que se le da la calificación de político, ha sido ahora objeto de un destape que, una vez más, confirma que capacidad de investigar sí existe y que se ha mejorado muchísimo en eso.
En fin, tal vez el ejemplo panameño nos sirva de acicate en Guatemala para mostrar siquiera un aire con remolino. Se sabe que hay un enorme interés por proteger al exministro de Finanzas de Colom para no arruinarle sus aspiraciones políticas, pero la lucha contra la corrupción queda coja con casos como el que comento y con actitudes como la que se tomó con los holandeses que compraron los podridos derechos de la Terminal de Contenedores.
