Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Esta mañana, en su columna semanal, el analista Estuardo Porras Zadik aborda el tema del papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral al apañar las mañoserías de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN), preguntándose si puede considerarse democracia lo que se construye a partir de esa actitud de las autoridades electorales que va en contra no solo de las aspiraciones para depurar nuestro sistema político, sino también en contra de las abrumadoras certezas que se han derivado de las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG respecto a la Cooptación del Estado en la que han participado todos los partidos que han hecho gobierno en el país.
La respuesta salta a la vista porque lejos de fortalecer la democracia, los magistrados del TSE están honrando a sus electores –los diputados– al desestimar las irregularidades en el financiamiento electoral que mostraron ambos partidos que son una auténtica expresión de la vieja política contra la que se manifestó el ciudadano guatemalteco en las últimas elecciones.
Comenté hace poco que privadamente algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral decían que al cancelar a esos dos partidos le harían un daño a la democracia porque el país se quedaría sin organizaciones fuertes. La verdad es que el TSE no está para hacer ese tipo de consideraciones sino para aplicar la ley y, de todos modos, lo que nuestra democracia necesita son verdaderos partidos y no grupos formados alrededor de cuestionados liderazgos para negociar desde las mismas campañas electorales a fin de concretar ese negocio que ahora conocemos como cooptación del Estado.
En el Congreso avanza sigilosamente, aunque destapados por la grabación de una conversación entre diputados, lo que han dado en llamar las reformas electorales de segunda generación y que serán, según el plan de los diputados, la plena consolidación de la partidocracia tal y como la hemos venido sufriendo.
La verdad es que desde que surgió ese Tribunal Supremo Electoral, producto de las deliberaciones del Consejo de Estado que funcionó en tiempos de Ríos Montt y luego adoptado por la Constituyente del 85, la idea era que tenía que ser un órgano absolutamente autónomo y ajeno a las presiones políticas. Inicialmente el objetivo se logró porque las primeras veces se escogió a probos y talentosos abogados para dirigir nuestro sistema electoral, pero especialmente en la última ocasión, cuando el Congreso era controlado y dirigido por la trinca del PP, Lider y UNE, el resultado fue justamente lo que se podía esperar de los acuerdos entre esa clase de políticos.
El análisis que hace el columnista Porras Zadik es preciso y contundente para mostrar la forma en que, por su comportamiento, los magistrados están haciendo un daño a los anhelos de democracia en Guatemala que puede ser irreparable. Nuestra democracia no ha llegado a cuajar porque está capturada por entidades que se hacen llamar partidos políticos que son instrumentos de corrupta negociación y el TSE tiene el deber y la obligación de avanzar en la depuración de ese viciado sistema.
