Alfonso Mata

Vivimos una época de violentos cambios tecnológicos, científicos, económicos y sociales, que a diario y de forma continua e insistente, nos provocan “insatisfacciones”. La evolución de esos cambios, no se sabe qué derroteros va a tomar, pero sí se sabe que ha influido e influirá de manera inesperada en nuestra vida y que constantemente provoca acomodos en nuestra manera de vivir y convivir, que en muchos se torna dolorosa y difícil de lograr y que provoca cambios severos y contraproducentes de comportamiento, que llevan al enfrentamiento, la violencia y a un modo de gobernar cada vez menos democrático.

En nuestra nación, la forma en que se conduce la economía, la política y la sociedad, en general el comportamiento humano, se debe en primer lugar a que se ha desarrollado una estructura de Estado y de gobierno, que se adapta a un objetivo y que lo que nos muestra la historia es que, no está acorde, ni con las necesidades, ni con el desarrollo de una sociedad justa y de oportunidades para todos o para la mayoría.

Cuando analizamos las estadísticas sociales nacionales, nos topamos con vulnerabilidades e inequidades. Nos topamos con que compromisos y posibilidades tecnológicas y financieras, solo están accesibles e involucran a ciertos sectores y actores sociales, lo que solo permite una agenda de desarrollo para algunos.

En Guatemala, el marco teórico del desarrollo humano, ha sido bastante bien establecido; pero la falla está, en que la orientación práctica que la administración pública le ha dado, ha sido parcial y arbitraria. La verdadera cuestión entonces está, en la interpretación de lo que se hace y en encontrar explicaciones, a los daños y pérdidas que se tienen, como producto de ese divorcio y que afecta el acervo productivo y el comportamiento social.

Entonces uno llega a una triste conclusión: la capacidad necesaria y suficiente del Estado, para atender de manera oportuna y eficaz las necesidades de los distintos grupos de población, no es producto de ineficiencia o desconocimiento de marcos teóricos, obedece a la negligencia de organización y funcionamiento establecido, para favorecer a unos pocos a expensas de muchos.

La gran pregunta entonces es ¿hasta cuándo podrá el ciudadano amortiguar los efectos adversos? Pues también es claro, por lo que muestran los indicadores del desarrollo humano, que cada vez son más, los que no logran amortiguar los efectos adversos de la crisis provocada por la falta de relación entre los marcos teóricos planteados y la aplicación práctica del Estado. No estamos ante un penoso desarrollo de ramas del saber. De desconocimiento sobre situaciones y formar de llegar a algo. Lo que nos agobia es un penoso problema de estructurar la acción de repartición de beneficios y oportunidades para todos y que parece obvia y sencilla, aunque difícil de ejecutar, debido a una mala estructura y organización del Estado actual.

La reflexión sobre el tema no debe posponerse ni en lo biológico, ni en lo económico, lo tecnológico y científico, pero sobre todo en lo político y cuanto menos parciales y dados a la parcialidad seamos en la reflexión, más y mejor podremos acercarnos al fenómeno de la naturaleza social que debe tener la nación guatemalteca y el sentido y orientación de nuestras instituciones en ello. Ambos, bastiones para crear una nacionalidad bien cimentada.

Lo triste en el caso de Guatemala (no se sí lo será en otros confines del mundo) es el fenómeno de repetición de situaciones y la falta de osadía y entusiasmo para interrumpirlas, de parte de la sociedad. No se trata de comprender menos y polarizar, sino de actuar sin exacerbación, pues cualquier actitud de cambio nos desquicia. Entiendo y acepto que eso pase en los jóvenes, su compenetración con la historia es a través de la narración y el juicio, pero no en el adulto en que la experiencia lo mueve. Aquí se encuentran tres niveles de problemas a resolver: 1. Dentro del Estado: la reducción de gastos onerosos, terminar con los nombramientos al dedo, abolir la centralización y concentración. 2. Dentro de la sociedad: fortalecer un diálogo y acción, dentro de un marco de justicia y equidad. 3. Desarrollar un accionar público-social, menos condicionado a privilegios, transgresiones y enfrentamientos entre grupos.

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