Jorge Santos
El viernes pasado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP y la CICIG asestaron otro duro golpe a las estructuras criminales del país. Esta estructura encabezada por el ex ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda Alejandro Sinibaldi y el ex embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, y conformada por empresarios de la construcción, particularmente CONASA una de las 5 empresas más grande dedicada al desarrollo de megaproyectos.
Aparte del desmantelamiento de este tipo de estructuras criminales, resulta curioso como un par de días antes, el presidente de la fundación contra el terrorismo, miembros de un conocido net center pro impunidad, en coordinación con Radio Sonora y el medio escrito Siglo XXI, anunciaban que el MP y la CICIG “golpearían nuevamente a la economía del país”. Estos claros defensores de la corrupción y la impunidad anunciaban así no sólo los operativos contra esta estructura criminal, sino que también alertaban a quienes la integran con el objetivo de que algunos de ellos pudiesen huir y/o esconderse.
Esta preocupante fuga de información y alerta pública de estos grupos pro impunidad se suma a una estrategia general de comunicación que pretende al igual que en el pasado crear un “enemigo” que posteriormente pueda ser violentado con algún grado de legitimación. La creación de este imaginario social del “enemigo” se lleva a cabo a través de una intrincada estrategia por fases, que contemplan la apelación al miedo en la población, estigmatizar y/o estereotipar a ciertos actores y protagonistas de lucha a favor de la justicia y la transformación del Estado, desinformar, confundir y generar zozobra para así preparar el terreno de la agresión.
Esta estrategia llevada cabo a través de distintos medios, tanto escritos, radiales, televisivos, como en redes sociales cuenta con una serie de grupos que actuando en consonancia difaman, mienten, generan confusión en torno a actores políticos, sociales, populares que van desde jueces y juezas, fiscales del Ministerio Público, el Comisionado de la CICIG, defensoras y defensores de derechos humanos en general y sus organizaciones. Si bien esta estrategia dio inicio en 2010, es a partir del 2015 y el incremento de los casos de corrupción que se ha vuelto más grande y evidentemente cuenta con más y mejores recursos.
Lo que resulta evidente es el incremento de esta campaña, paralelamente al crecimiento de los casos de corrupción o graves delitos durante la guerra y sin lugar a dudas son estos actores del poder económico, exfuncionarios hoy presos en Mariscal Zavala y Matamoros y exmilitares en prisión o con temor de ser aprehendidos quienes financian esta tenebrosa estrategia. Es decir en cada uno de los más de 20 casos de corrupción y los casos de justicia transicional están los principales financistas esta campaña, sólo se trata de buscar las empresas, exfuncionarios, exmilitares y miembros de estas estructuras criminales para determinar con certeza de dónde provienen estos recursos para difamar, estigmatizar y agredir. Ojalá el MP pueda investigar a estos grupos que financian y contra quienes impulsan esta estrategia pro impunidad.
