Juan Antonio Mazariegos G.

Esta semana la revista Contrapoder presenta como reportaje central una investigación muy interesante que recaba cifras y hechos relativos al negocio del transporte urbano público en la Ciudad de Guatemala y que a lo largo de 40 años y la participación de distintos gobiernos, centrales y municipales, han representado al País más de 6 mil 500 millones de quetzales en fondos provenientes de impuestos de todos los guatemaltecos, a través de subsidios y que en consecuencia deben de estar auditados y controlados por la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que se fiscalice su uso.

El reportaje en cuestión presenta entrevistas a distintos actores, tanto del sector público como del privado, que tuvieron o tienen algún grado de relación con el negocio del transporte urbano público durante todos estos años y revela la inexistencia de controles, rendición de cuentas y persecución a los responsables que corresponda en el caso se comprueben los hechos que deja entrever el artículo.

Hoy se habla de nuevos proyectos y modernización de transporte, sin duda proyectos importantes y necesarios, sin embargo, es necesario que entendamos que la modernización del transporte urbano de nuestra Ciudad se dará solo en tanto se modernicen también los mecanismos y controles que se implementen para transparentar un aerómetro o cualquier otro novedoso medio de transporte que beneficie a la población. De nada sirve inventar e implementar un sofisticado sistema de transporte sin que existan controles y rendición de cuentas de los costos de construcción y mantenimiento de la obra o que no exista un adecuado concurso, en donde libremente y en igualdad de condiciones, diferentes oferentes presenten ofertas para hacer posible el proyecto y que la oferta elegida sea la mejor por razón de costo y beneficios para la población.

Ya no es posible hablar de proyectos y soluciones si no vienen acompañados de transparencia y responsabilidad, más de 40 opacos años no deben de extenderse bajo ninguna circunstancia. De no ser así, es mejor para todos los que pagamos impuestos que los proyectos no se implementen, pues cuando menos así, no podrá alguien hacerse con los impuestos de todos los guatemaltecos.

En cuanto a lo denunciado por la revista, las actividades de las autoridades y empresarios del transporte involucrados en el pasado y presente negocio del subsidio deben ser investigadas, no hay fideicomiso que vaya hoy a negar información a las autoridades y estas tienen los mecanismos para investigar. De igual manera los señalamientos que se hacen contra la ex contralora general de cuentas deben de revisarse, pues tan grave es la corrupción, como el acto de permitirla.

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