Ayer fue presentado por la Corte Suprema de Justicia el proyecto de reformas al Código Penal que incluiría la reducción de penas para quienes acepten su participación en ilícitos por los que han sido acusados, siempre y cuando cooperen para establecer la forma en que se llevaron a cabo los hechos imputados, logren resarcir el daño causado y devuelvan los beneficios obtenidos, práctica que es utilizada en varios países del mundo y sirve como un método eficiente de agilizar los procesos y descongestionar las cárceles, pero habrá que ser muy cuidadosos en Guatemala sobre cómo y a quiénes se les puede aplicar.
Por ejemplo, la corrupción es tomada por muchos como una práctica “normal”, como incluso dijo el presidente Jimmy Morales en la penosa entrevista a Univisión, y termina resultando hasta cuestionada por muchos que han tejido sus redes de bienestar personal por medio del sistema diseñado para ordeñar los recursos del Estado, ignorando el daño social que provoca y que, en ese concepto, también tendría que ser resarcido porque las obras destruidas y las vidas perdidas, por ejemplo, tienen que valorarse a la hora de aplicar la reforma que ha sido propuesta.
Otro caso es el de la violencia de género, entendiendo que somos una sociedad que por machismo y otros factores culturales seguimos sufriendo de una ceguera sobre la terrible y dramática realidad de los ataques contra la integridad de las mujeres.
Los delitos contra la vida, las extorsiones y delitos contra la humanidad, ¿pueden ser parte de proyecto de reducción de penas? Descongestionar un sistema de Justicia colapsado es importante, pero no a cualquier costo.
Puede ser que avanzar en la liquidación de casos por medio de la atención a la mora y un trato adecuado a los sujetos procesales en prisión preventiva, permita que el flujo de la administración de la justicia sea más apegado a las necesidades de un Estado de derecho. Sin embargo, pensar en otorgar beneficios antes de generar el sentimiento de fortaleza del sector Justicia, podría ser contraproducente y generaría serias dudas por la amplitud de beneficios que generaría.
Todos los países que ya utilizan este sistema tienen una diferencia fundamental con Guatemala: El sistema de justicia está consolidado y, aún con sus fallas, está en condiciones de generar beneficios porque tiene la fortaleza de aplicar la ley sin que poderes ocultos puedan manosear al juez.
Hay que recordar que para reducir las penas es necesario generar condenas. Guatemala necesita que se sepa que la ley pesa y debe hacerse énfasis en los requisitos para aplicar la reducción.
