Francisco Cáceres Barrios
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Ante los continuos “camionetazos” y la pasividad e indiferencia que demuestran las autoridades para prevenirlos insisto en utilizar el término “mano dura” la que ni por asomo demostró Pérez Molina, salvo para hacer sus manganillas. Resulta innecesario presentar el detalle de los accidentes que ocurren a diario por causa de la irresponsabilidad de los mal llamados “empresarios” del transporte colectivo, lo que se volvió una fúnebre actividad al ocasionar a nuestra sociedad inmensa cantidad de pérdidas de vidas humanas, además de los enormes daños y perjuicios a la economía del país, sin dejar de tener en cuenta los esfuerzos y recursos utilizados en el sistema médico hospitalario para atender debidamente a miles de accidentados.
Bien sabido es por todos la existencia de una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), que se denomina Dirección General de Transporte extra-urbano (DGT) que lo que menos hace es controlar, registrar, coordinar y dirigir a la gente que, importándoles un comino la seguridad en nuestras calles y carreteras, como de los usuarios que utilizan sus servicios a precios que resultan exorbitantes cuando se analiza la calidad de sus servicios, que son tremendamente deficientes, impuntuales, inseguros, como altamente peligrosos para el resto de la sociedad. De aquí parte la pregunta que nos hacemos todos ¿Para qué contar con esta dependencia que a la postre no sirve para nada? ¿Hasta cuándo nuestro Presidente y su Ministro respectivo van a cumplir con sus deberes y obligaciones?
No es secreto para nadie que los transportistas no utilizan a conductores y ayudantes debidamente capacitados teniendo en cuenta que en sus manos está la vida de miles de pasajeros. Al contrario, toman a una partida de cafres, que les importa un comino la seguridad, como que a la hora de ocurrir un accidente lo primero que hacen es poner sus pies en polvorosa, que si te vi no me recuerdo. Y el círculo vicioso se cierra en esa Dirección General que desde muchos años atrás ha tenido asignada a gente con cero de idoneidad y responsabilidad, siendo tan incapaces, que ni siquiera mantienen un estricto control de las respectivas pólizas de seguro que resultan indispensables ante el número de víctimas que ocasionan.
¿Será mucho pedirle al presidente Morales, imponer su mano dura para corregir un problema que lleva tantos años de estar perjudicando a nuestra población y a todo el país? Si se analizan los deberes y obligaciones de la Dirección de Transporte no representan mayores costos y gastos el cumplirlos a cabalidad, sin embargo, ¿cuántas vidas y demás desgracias se podrían evitar con tan solo actuar con el carácter, la decisión y energía que hemos estado esperando pacientemente?
