Factor Méndez Doninelli
La corrupción que se mantiene en el sector público, frena la ejecución y extensión de políticas y programas sociales que podrían coadyuvar a que grandes sectores de población tengan acceso a la educación, a la salud de calidad y por ende, superen la precaria situación de vida y aumenten las oportunidades para que la gente mejore las condiciones de atraso y subdesarrollo que actualmente padece.
La corrupción, es un fenómeno añejo que obstaculiza el desarrollo social, que ha echado raíces en todo el entramado del sector público y se ha extendido a toda la sociedad. No dudo que se hacen esfuerzos por erradicar este mal pero, hasta ahora, sigue siendo más fuerte el actuar de las redes de corrupción incrustadas en el aparato del Estado, por lo tanto, también deben ser más firmes y vigorosas las actuaciones de los gobernantes para combatir este perverso flagelo, pero esa supuesta voluntad política, se tropieza con criterios torpes como el del propio presidente Jimmy Morales, quien ha dicho que la corrupción “es normal.” Tal aseveración está fuera de toda lógica racional, más bien, suena a una burda justificación y a reconocer la incapacidad que existe para atajar este tipo de conductas ilícitas, que todavía acostumbran muchos servidores públicos de todos los niveles.
El Plan para la prosperidad, propuesto e impuesto por el Gobierno estadounidense a los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, incluye “ayudas” de millones de dólares para que en cada país se fortalezcan los ejes de seguridad, justicia, combate a la corrupción, estimular a la iniciativa privada para mejorar el clima de negocios, promover la inversión y coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, todo con la intención de generar fuentes de trabajo y empujar el desarrollo social en procura de evitar el interés de amplios sectores de población, quienes por razones económicas y de inseguridad en sus países de origen, deciden emigrar hacia los Estados Unidos de América, buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
Pero, antes de soltar los millones ofrecidos, los gobernantes estadounidenses quieren garantizar que su dinero va a ser bien utilizado, que no vaya a parar a los bolsillos de pícaros y ladrones, o sea, quieren estar seguros que en cada país beneficiado haya transparencia en el manejo de los fondos públicos y exista voluntad política real de combatir, perseguir y castigar a los corruptos. Parece que lo que sucede en Guatemala no agrada a los estadounidenses, porque la corrupción aunque latente, se sigue practicando.
Por ejemplo, la exclusión deliberada de Thelma Aldana, Jefe del Ministerio Público, por parte del presidente Morales, para no ser parte de la comitiva oficial que asistió a la reciente cita en Miami donde se abordaron temas de justicia y seguridad, es una decisión política excluyente y un signo de corrupción que debe llamar la atención, lo mismo que la pasividad mostrada por el presidente Morales, ante las acciones ilegales y abusivas del exembajador en temas de migrantes, Marvin Mérida, quien como es público, junto a diputados y empresarios conspira en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Todo lo dicho, son metidas de pata del Ejecutivo que se suman a la afirmación de que la corrupción “es normal.” Con este tipo de decisiones, omisiones y acciones del Presidente guatemalteco, ¿Se logrará la prosperidad que los estadounidenses esperan conseguir en Guatemala?
