Juan Antonio Fernández
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Como he argumentado, en este espacio, transcurría 2015 cuando los partidos y los think tanks del sistema validaron la propuesta hecha desde el tope de la pirámide en la cual se delimitó la ruta para la salida a la crisis política, centrada dos puntos: por ninguna razón aplazar las elecciones y comunicar por todos los medios a la ciudadanía sobre un conjunto de reformas a cumplir una vez pasado el evento. Dentro de la agenda de cambios se incluía la necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una normativa de rango constitucional que data de 1985. A este decreto se le han hecho reformas parciales sin que hayan tenido un efecto real en el funcionamiento del sistema electoral, concretamente en los partidos, los candidatos y su relación con las necesidades ciudadanas. Como una representación de que la esencia del modelo gira alrededor de la vinculación con los partidos, con los grupos de interés quid pro quo las relaciones entre los partidos, sus dirigentes, los ciudadanos y sus legítimas aspiraciones.
Este elemento ha influido en la crisis de los partidos ante la sociedad y su falta de independencia ante los grupos de interés. La relación se inicia cuando los partidos y sus candidatos se acercan a pedir financiamiento para afiliaciones, asambleas y posteriormente para la campaña electoral donde la movilización del día de la elección es momento clave del proceso. Una vez pasado el evento electoral se inicia otro tipo de relación, los electos presionan por fondos al Ejecutivo y también por apoyo político para las iniciativas de quienes han hecho posible su llegada. En este punto lo que se pretende son reglamentaciones ad hoc, favores especiales, concesiones, contratos o proyectos. Paralelamente se busca que la legislación sea “amigable” con los grupos de interés. Al final lo que se procura son alternativas para cumplir con las expectativas entre los representantes y representados. Kingdon está presente en la anterior aserción.
De vuelta a las Reformas Electorales, como se ha evidenciado los partidos han sido maquinarias electorales que han dejado por fuera del trato y discusiones a la ciudadanía y sus necesidades. Por el contrario el relacionamiento se ha dado vía la mercantilización de la actividad política. A su vez las propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos al momento han excluido el tema central en el proceso: el financiamiento. Es por ello que los cambios propuestos parecieran ser una “invención” que tiene como uno de sus asideros la crisis de 2015, y que, en apariencia se presentan como posible salida a la crisis en el sistema electoral, sin embargo, lo que se empieza a develar son preparativos de reelección. El actuar legislativo ha expuesto: cabildeos en contra de CICIG, antejuicios, prófugos, búsqueda de indemnización, remuneraciones sobre totalidad de ingresos, como algunos agravantes que abonan a una relación cada vez más tirante entre Congreso y el conjunto de la sociedad. ¿Será posible una reforma electoral acorde a lo que buscan los ciudadanos y el país? (Si/No).
