Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Según el diccionario de la lengua española, cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres de un pueblo o grupo social y en ese contexto creo que los guatemaltecos tenemos obligación de revisar la nuestra porque nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la corrupción y la impunidad. Se da por sentado y por aceptado que a la hora de negociar un contrato con el Estado o de tramitar una licencia, todo gira alrededor del tamaño de la mordida que se quiere o se tiene que pagar, pero socialmente terminamos aceptando que así es como se hacen las cosas y tenemos el descaro de plantear, sin tapujos, que los derechos adquiridos de esa manera tienen que ser respetados como parte de lo que pomposamente llamamos “certeza jurídica” para garantizar la inversión.
Y hay terribles paradojas en el comportamiento social porque los mismos a quienes molesta que se hable tanto de derechos humanos son los que esquivan asumir compromisos y obligaciones. Culturalmente no queremos hablar de deberes pero si estamos prestos para reclamar derechos y enseñamos a las nuevas generaciones que así es como deben actuar, cimentando teorías que nos hacen actuar como el azadón y manteniendo una visión muy estrecha de la responsabilidad social.
Yo particularmente creo que Guatemala es un país que tiene condiciones naturales muy ventajosas que, a pesar de nuestro descuido y desinterés por el medio ambiente, plantean un enorme potencial. El tema de la generación eléctrica es uno de los más importantes en esa materia porque los caudales hídricos del país nos permiten tener una gran capacidad generadora para producir electricidad de manera sostenible. Sin embargo, dada la cultura que existe en el país, poderosos sectores se han opuesto desde siempre a la aprobación de una Ley General de Aguas que regule de manera correcta la utilización para distintos fines de ese bien de uso público.
Prácticamente todos los países del mundo tienen ley específica que regula la forma en que se puede utilizar el agua para consumo humano, para regadíos o para generación eléctrica, pero en nuestro país cualquiera puede desviar ríos o perforar pozos sin que exista el menor control sobre esa materia, no digamos la obligación de usar racionalmente el recurso y pagar por el uso que de él se hace.
En la ciudad de Guatemala, por ejemplo, hace muchos años que no se implementa ningún proyecto para el abastecimiento de agua potable y los sectores más influyentes no se preocupan por esa falta de visión de nuestras autoridades porque resulta que los grandes condominios o edificios disponen de sus pozos “privados” mientras el resto de la población pasa verdaderas penas para abastecerse del agua necesaria para su subsistencia.
Lo mismo que ocurre con los mantos subterráneos pasa con las diversas cuencas del país, puesto que los ríos son aprovechados con igual criterio y hasta son desviados cuando así conviene a quienes explotan los caudales.
Tenemos que emprender un serio trabajo colectivo para cambiar nuestra cultura e irnos apartando de las mañas históricas que nos han convertido en un país corrupto e impune. Asumir responsabilidades y pagar por los recursos que usamos puede ser un buen punto de partida.
