Los defensores del sistema se llenan la boca con las reformas a la ley electoral que fueron aprobadas el año pasado, porque sostienen que las mismas regulan ya adecuadamente el tema del financiamiento electoral porque afirman que por la vía del control de los gastos se puede atajar la cooptación. Sin embargo, cuando sabemos que los “aportes de campaña” no necesariamente se destinan a financiar la actividad proselitista sino que van directamente al bolsillo de los candidatos, tenemos que entender que nos están hablando puras pajas porque no se ha hecho absolutamente nada para resolver el problema.
Aparte de las donaciones en especie, como las que recibía Baldetti de Los Zetas en materia de seguridad personal, hay todo un entramado en el que se consolidan los pactos entre financistas y candidatos que son, pura y llanamente, sobornos anticipados. No todo el dinero que se recibe durante las campañas sirve para cubrir gastos de los partidos sino que la mayor parte de esos aportes queda en manos de los candidatos y, por supuesto, de los intermediarios que también se embolsan su parte.
El problema vuelve a ser el mismo que La Hora señala con insistencia. Cualquier reforma del modelo político del país tiene que pasar por el Congreso de la República y resulta que los diputados fueron electos dentro de ese modelo de pistocracia que destruyó la democracia. Ellos también crearon sus redes de financistas entre empresarios y miembros del crimen organizado, replicando exactamente el mecanismo que se utiliza en la elección presidencial y calcando también los mismos vicios. La inmensa mayoría de los diputados está trabajando para reelegirse porque la curul asegura una vida holgada en la que únicamente hace falta tener cuero de danta y eso abunda en nuestra fauna política.
En ese marco es impensable que pueda haber una iniciativa que apunte realmente a finalizar con las mañas tradicionales porque equivaldría a matar la gallina de los huevos de oro. El Tribunal Supremo Electoral podrá contar las costillas en ciertos rubros de las campañas electorales, pero no tiene capacidad ni conocimiento de la verdadera forma en que se utilizan los dineros recaudados durante cada elección en el país por lo que no habrá mayor cambio en cuanto a la forma en que los políticos le venden su alma al diablo.
Y como en Guatemala no existen verdaderos partidos políticos, las elecciones dependen de gastos millonarios que resultan imposibles de controlar, sobre todo cuando los narcos y los contrabandistas compiten con los empresarios para asegurarse el derecho de picaporte al despacho presidencial, las Municipalidades y el Congreso.
