Jorge Santos
Cada cinco años debe de darse el cambio de la persona que dirige la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, motivo por el cual en estos momentos nos encontramos en el lapso, en el que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento guatemalteco define una terna de candidatos o candidatas de la cual deberá elegir uno el Pleno de diputados.
Esta institución materializada en quien dirige la misma, es un o una comisionada del Congreso de la República para la Defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados y Convenciones Internacionales aceptados y ratificados por el Estado guatemalteco. El Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley que le rige establecen que no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia.
De tal cuenta que, por esta vital e importante atribución que le confiere nuestro marco constitucional, sus funciones revisten características de garantías y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población guatemalteca. De esa cuenta, es que la elección de este funcionario o funcionaria pública debe de dársele la importancia suficiente, dado que en la medida con la que cumpla su función, dependerá la posibilidad de que el poder público constituido en las instituciones del Estado, no abusen de él, ni comentan actos arbitrarios que atenten contra cualquiera de los derechos humanos de la población.
Por ello, es necesario que observemos, auditemos y fiscalicemos el actual proceso conducido por la Comisión de Derechos Humanos, dado que existen suficientes elementos para considerar que los grupos de poder que requieren de impunidad desean cooptar la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, con el objeto de limitar y obstaculizar el avance de determinados procesos judiciales vigentes o bien convertir la Procuraduría de los Derechos Humanos en una institución al servicio de quienes hoy están viendo limitados sus intereses de impunidad, corrupción y arbitrariedad.
Hasta el momento, el actuar de la Comisión en particular de la diputada del Partido Político FCN-Nación, Patricia Sandoval, y quien preside la misma, no ha sido la idónea y mucho menos la esperada para dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad que este tipo de procesos requieren. A la fecha la Comisión da muestras de desorden, falta de claridad, entrega de herramientas e instrumentos de la Comisión a destiempo, lo cual pudiera estar en clara consonancia con los intereses de aquellos grupos de interés económico y político que desean de subir al vehículo de la impunidad a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Estar atentos, demandar transparencia, publicidad y responsabilidad en el actuar de la Comisión de Derechos Humanos es una necesidad, en la medida en la que se puede decidir que el Defensor del Pueblo, no sea más que la defensoría de grupos criminales y de abuso de poder en el país.
