Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No deja de ser una cruel paradoja que mientras se confirma la existencia de un sistema de corrupción ampliamente extendido en la administración pública, se esté pensando en eliminar los pocos candados que tiene el Presupuesto General de la Nación. Y es que desde hace meses se viene con la cantaleta de que no se puede realizar la labor de las entidades públicas por los abundantes temores que hay para gastar porque los funcionarios sienten que en medio de lo que consideran una cacería de brujas, pueden ir a parar al bote simplemente por firmar algún trámite que luego sea objeto de investigación.
La verdad es que poco es lo que se ha hecho en comparación con la magnitud del problema y lo extendido de las prácticas corruptas en el país. Básicamente no ha cambiado la forma de realizar los negocios y por ello preocupa mucho que el Congreso esté tan interesado, bajo la influencia del partido oficial, en quitar esas pocas trabas impuestas para mejorar la calidad del gasto.
El último informe de la Contraloría, mismo que ha provocado airadas reacciones de los señalados, es apenas un indicador de que en Guatemala continúa el saqueo de la cosa pública a pesar de las acciones que en su momento emprendieron la CICIG y el Ministerio Público contra la corrupción. Y eso es que la Contraloría no se distingue precisamente por su eficiencia en el control y verificación del gasto público porque sus auditorías son no sólo selectivas sino de muy pobre calidad. Por eso he dicho que si hasta la CGCN se percató de los malos manejos en dependencias públicas, la situación tiene que ser verdaderamente grave porque los contralores han sido eternas tapaderas de los pícaros en este país.
Lo que ocurre es que estamos atrapados por la coyuntura, puesto que nadie quiere cambiar la matriz de la forma en que se hacen las contrataciones del Estado y Dios nos libre si los mismos diputados que quieren eliminar ahora los candados son los que tienen a su cargo cambiar la legislación pertinente. Ya sabríamos que ello lleva, con toda certeza, a que se establezcan nuevas formas de enriquecimiento porque sería insensato esperar que del Congreso llegue al remedio a alguno de los males que sufre el país.
Y vuelve a cobrar importancia la figura del Presidente no por lo que hace sino por lo que deja de hacer. Su partido es el que está promoviendo las reformas para eliminar candados y él se lava las manos con el argumento de la independencia de poderes, cuando es la persona llamada, por el mandato recibido en las urnas, a dirigir la lucha para construir un régimen de efectiva transparencia en el país. El presidente Morales tendría que ser el abanderado de esa lucha, quien dirija al pueblo para exigir a los diputados que legislen de acuerdo a las necesidades de la gente y no con base en sus propios intereses y los de sus partiditos políticos.
