A lo largo de nuestra historia la justicia en el país no cumple plazos y se administra mal y tardíamente, pero eso nunca fue problema para la sociedad guatemalteca que estaba asegurada por el manto de la impunidad y sabía que a proceso sólo irían aquellos que no tenían los conectes suficientes para librarse de cualquier acusación. De pronto, a partir de 2015, el brazo de la justicia se extendió más de lo que siempre se quiso y empezaron a desfilar por los tribunales personas que no esperaban verse en esa situación y es a partir de entonces que empieza todo un clamor para que la justicia se haga como deber ser, porque mientras los ladrones que caían eran quienes se robaban una gallina o una billetera, ningún medio de comunicación reparó en las condiciones en que operan los tribunales, no digamos en las que se encuentran las cárceles.

Hoy en día se pueden encontrar muy sesudos comentarios en la prensa sobre la necesidad de respetar en todo el sentido la ley y que los plazos tienen que cumplirse, además de que las personas apresadas no tienen que ser mostradas a los medios de comunicación porque con ello se destruye la presunción de inocencia.

Evidentemente los medios, todos, reaccionamos a las presiones de los grupos de poder y de esa cuenta es que ahora hay un debate muy fuerte sobre esas añejas condiciones de nuestra justicia que nunca preocuparon a nadie ni provocaron reacciones en los medios porque, repetimos, los presos eran chorreados que no tenían quién hablara por ellos.

Y ciertamente es necesario que se respeten plazos, que se cumpla la ley en todo sentido, pero para ello hay que hacer más que chapuces a nuestro sistema. No es posible lograr resultados diferentes manteniendo el mismo sistema que da lugar a tantas críticas, pero resulta que esos mismos sectores que tanto se quejan, son los que se han encargado de torpedear cualquier esfuerzo por reformar el sector de la justicia y han detenido, mediante todo tipo de argumentos y artimañas, la discusión sobre los cambios que se necesitan para disponer de un aparato judicial más eficiente.

No es lógico que nos quejemos tanto de la forma en que opera un sistema que las mismas élites se han encargado de apuntalar porque saben que el cambio también significa que se deberá aplicar la justicia por parejo y no con esos dobles raseros que han sido tan característicos de nuestro modelo. Si queremos una justicia pronta y cumplida, tenemos que facilitar la designación de juzgadores no cooptados.

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