Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando el Cacif quiere una ley generalmente la misma tiene mayores probabilidades de pasar en el pleno del Congreso que su similar interés es expresado por otro tipo de organizaciones o grupos de presión y eso hace importante el planteamiento hecho esta semana para “enriquecer” las iniciativas existentes con la idea esencial, según dijo el Presidente de la patronal, de asegurar “una garantía para todas las empresas que se benefician de los ríos que circulan cerca de sus instalaciones, ya que algunas han sido denunciadas por el desvío del cauce para su uso sin autorización”, lo cual lograrían creando un ente ad hoc, integrado por ellos mismos, para administrar ese recurso.
Guatemala necesita desde hace muchos años una ley de aguas que regule el uso de ese bien público claramente definido como tal por nuestro ordenamiento constitucional. Somos uno de los pocos países en el mundo, si no es que el único, en donde no hay regulación sobre la forma en que se puede hacer uso del agua, no digamos establecer un precio para gozar de ese tipo de servicio. Aquí cualquiera puede perforar un pozo sin preocuparse nunca por pagar más que por la energía que necesita para explotar el pozo y así funciona un alto porcentaje del abastecimiento de agua en la ciudad de Guatemala. No digamos lo que pasa con el agua para riego, puesto que literalmente hay infinidad de ríos desviados para que sirvan esos intereses y ahora que se ha promovido la electrificación hidráulica, los generadores pueden hacer micos y pericos con los caudales sin que tengan que pagar ninguna tasa.
Y por supuesto que vuelve la cantaleta de los “derechos adquiridos” que se tratan de preservar a toda costa y que constituyen la principal preocupación de los empresarios. No importa si los derechos fueron adquiridos a la brava, es decir sin cumplir ninguna norma legal, como ha sido hasta la fecha, puesto que se pretende que los mismos sean debidamente consagrados y respetados por el nuevo ordenamiento legal y para ello se propone crear una entidad autónoma y descentralizada, en la que estén ellos debidamente representados, para asegurar que no vaya a haber “excesos” que les perjudiquen. Creo que el mismo derecho habrá que otorgarles, en todo caso, a los pobladores de los lugares que se ven afectados por la explotación de los recursos hídricos que se vienen haciendo a como dé lugar.
Yo creo en la utilización de los recursos naturales para beneficio de la población y no me opongo irracionalmente a las hidroeléctricas porque creo que pueden ser una fuente de energía realmente importante. Pero creo que debe hacerse un esfuerzo porque los beneficios de ese tipo de electrificación lleguen a las comunidades que ven alterados sus ecosistemas por la construcción de grandes represas.
Pero vale la pena recordarle a los empresarios su dicho favorito. “No hay almuerzo gratis” y el agua no debe seguir siendo de gratis como ha sido hasta la fecha. Coherentes con su prédica, promuevan una ley de aguas similar a la que hay en cualquier otro país del mundo y no una hecha para seguir medrando.
