Jorge Mario Andrino Grotewold
* @jmag2010
El estado de Sitio decretado en el territorio de San Marcos, entre Ixchiguán y Tajumulco, alcanzó parcialmente los resultados esperados en cuanto a que se logró retomar un control y ejercicio de autoridad del Estado en dichos territorios, pero quizá lo más importante a resaltar, es el reconocimiento público hecho por el Presidente de la República, de la notoria ausencia de Estado en esos municipios, producto de un abandono desde hace mucho tiempo, y que permitió al crimen organizado, llenar ese vacío.
La ausencia del Estado, no solo se dio por no contar con autoridades formales que mantuvieran el orden y el cumplimiento de ley, sino porque tampoco se han podido implementar políticas públicas que reflejen indicadores de desarrollo básicas, para lograr construir un mecanismo lógico de respeto de los principales derechos con los que la población debiera contar.
En ambos municipios, que tienen conflictos limítrofes ancestrales, se han encontrado graves indicios sobre la toma del control por parte de grupos armados de naturaleza ilegal, y que de alguna manera limitaron los derechos de campesinos, mediante el abandono de sus viviendas, el rompimiento del sistema económico tradicional (sustituido por la siembra de amapola), la inseguridad física, económica y social, y además de ello, el conflicto limítrofe no tuvo más respuesta que la lucha entre las poblaciones, sin colaboración o apoyo de un gobierno, mediante sus instituciones o mecanismos jurídicos.
Lo que se teme es que el estado de Sitio llegue a su fin, y el Estado nuevamente abandone a estos territorios y comunidades, que si bien empiezan a retomar su vida, requieren que exista una presencia formal de autoridad mediante estrategias de asistencia social, con oportunidades de desarrollo y brindar la seguridad que corresponda.
Los territorios más lejanos del país, no solo en San Marcos, sino en otros departamentos cercanos como Huehuetenango o Quiché, tienen circunstancias similares en donde las poblaciones se han visto cooptadas por el crimen organizado, sin que los organismos públicos, principalmente los de Justicia o de Seguridad logren imponer un control efectivo, y con ello permitan desarrollarse a la población de una forma digna.
Pero la ausencia del Estado también representa que esas comunidades no cuenten con oportunidades económicas y sociales, y por ende vean con beneficio la plantación de amapola, entre otras actividades, y que la protejan, al igual que a quienes les generan esa oportunidad económica, aun cuando esta sea prohibida por la ley.
El reconocimiento de esa ausencia requiere también acciones de política pública, de inversión social, de generación de oportunidades, de programas de asistencia de naturaleza temporal. Por ahora, el solo reconocimiento es un gran paso, pero sin las demás acciones, esos territorios y sus habitantes, no tendrán un futuro con la plena vigencia de sus derechos.
