Javier Monterroso
Hace mas o menos un año comenzó el ejercicio de las mesas de discusión de la reforma constitucional en materia de justicia, en ese entonces la CICIG y el MP tenían una fuerza política y social tan grande que varios de nosotros creímos que sería fácil aprobar las reformas constitucionales que fueran respaldadas por estas dos instituciones, además la convocatoria al diálogo la realizaron los Presidentes de los tres poderes del Estado, el Presidente del poder Judicial llegó a varias sesiones de trabajo e incluso el Presidente de la República asistió una vez a los encuentros de discusión, por si esto fuera poco la iniciativa legislativa que contiene las reformas fue presentada por más de 50 diputados de casi todas las bancadas.
El trámite legislativo también comenzó con buen pie, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió dictamen favorable en menos de un mes y pasó las primeras tres lecturas legislativas en un período similar, totalmente inusual para una iniciativa de ley, más aún si es una iniciativa de reformas constitucionales, sin embargo, al llegar a la redacción final y por artículos en el mes de noviembre de 2016 empezaron los problemas, pareciera como si un carro último modelo fuera a toda velocidad en una carretera asfaltada y de pronto hubiera entrado en un lodazal, el receso legislativo de fin de año terminó por enfriar los motores.
A inicio de año pareciera que casi todas las fuerzas políticas se confabularon para que las reformas no fueran aprobadas, el CACIF y la Alianza Evangélica publicaron comunicados en contra de las mismas, el Presidente se hizo el desentendido de un proceso que él mismo había iniciado, surgieron grupos antirreformas encabezados por Zury Ríos y Ricardo Méndez Ruiz y de no ser por el apoyo de la UNE y bancadas pequeñas las reformas ya hubieran sido improbadas.
En las actuales circunstancias es bueno prever un escenario sin reformas constitucionales y en ese sentido en abril del 2018 se elige Fiscal General por una Comisión de Postulación donde las universidades privadas, cuyos fiduciarios son miembros del sector privado, tienen mayoría, y en el 2019 se elegirán magistrados de Corte Suprema y salas de apelaciones en Comisiones de Postulación integradas por el Colegio de Abogados, los mismos magistrados y nuevamente los decanos de Derecho de las universidades. Si recordamos el proceso de elección de magistrados en el 2014 el desgaste y cuestionamientos fue tan grande que pasamos un mes sin certeza de la elección de las más altas cortes del país, e incluso a la fecha hay casos penales abiertos contra miembros de las Comisiones de Postulación. También debemos estar claros que no hay posibilidades de reformar la forma de elección de magistrados por medio de leyes ordinarias, esa es una falacia de quienes están en contra de las reformas. Es urgente por ello que durante el receso parlamentario se realice un último esfuerzo por reformas constitucionales mínimas en el tema de justicia en las que la mayoría de sectores sociales y políticos se sientan representados.
