Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
De conformidad con dos instituciones de investigación reconocidas en Guatemala, las pérdidas estimadas en ingresos por defraudación y contrabando aduanero desde el 2014 al 2016 aumentó Q1 mil millones por año y la tendencia para el 2017 es la misma; por lo que se estima el detrimento en más de Q17 mil millones, que corresponde al 20% del total del presupuesto anual de la Nación, convirtiéndose en el principal problema hacendario en Guatemala y que engrosa la brecha fiscal, que en la actualidad se ha compensado, ocultado y minimizado con los ingresos de otros tributos y de períodos anteriores, a través de medidas judiciales en el 2016 y la exoneración de multas y recargos para este 2017.
La realidad es que el ingreso ordinario no está creciendo con la misma tendencia de los indicadores económicos, muestra de ello es que las importaciones han aumentado en un 10% y el ingreso tributario por comercio exterior solamente una tercera parte. Lo más delicado es que el presupuesto anual está comprometido por ingresos insostenibles y de seguir así el presupuesto del próximo año estará sustentado con más ingresos derivados débiles e insuficientes ¿qué pasará cuando caiga el telón?
La estrategia contra el contrabando hasta la fecha ha sido tibia e improductiva si consideramos que las incautaciones ascendieron únicamente a Q5 millones, y para ello fue necesario utilizar recursos para la investigación y para desplegar varios operativos con agentes de la PNC, fiscales del MP y delegados de la SAT; por lo que el costo del beneficio es paupérrimo. La sustitución de personal y el incremento de las áreas de rampa y revisiones no ataca frontalmente el contrabando, sino que intenta aplacar la defraudación, pero tampoco es una solución porque sigue estando presente el componente humano discrecional, insuficiente y poco preparado, detonador de la corrupción a cambio de agilizar el despacho de las mercancías para que el comercio siga su dinámica natural. El establecimiento de puestos de control en las cercanías de los más de 100 puntos no controlados también constituye una medida predecible, fácil de eludir, onerosa y poco eficiente; además, las mercancías que ingresan de esa forma son de subsistencia para la mayoría de las poblaciones desatendidas por el Estado y de oportunidad por lo accesible de sus precios; entonces el ingreso que podría obtenerse bajo esa fórmula será imperceptible.
El verdadero contrabando se da en puertos y en el aeropuerto, en donde las intervenciones estatales no han generado beneficios para el propio Estado, al ser sus operaciones ineficientes e inseguras; por el contrario, han sido pasivas ante el establecimiento y permanencia de estructuras criminales dedicadas a este delito, situación que humana y legalmente se escapa de la posibilidad de control por parte de la SAT, que por más medidas administrativas implemente, serán insuficientes; consecuentemente, resulta indispensable y urgente que desde el Ejecutivo se ejercite una política pública para prevenir y combatir la defraudación y contrabando aduanero, que vaya dirigida principalmente a garantizar el control y monitoreo en tiempo real de las mercancías, la articulación interinstitucional, y las operaciones con eficiencia y seguridad.
