Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No quiero hablar hoy del crecimiento de la deuda pública que constituye uno de los pilares del gasto en nuestro país, sino que quiero recordar que hace treinta años, al inaugurar la mal llamada apertura democrática producto de la Constitución de 1985, el entonces Presidente electo Vinicio Cerezo empezó a hablar del concepto de la “deuda social”, entendiendo por tal el déficit histórico en nuestro país para atender las necesidades de la población en temas tan puntuales como salud, educación y servicios básicos que son factores para ofrecer oportunidades más parejas a todos los guatemaltecos.
Por supuesto que el simple hecho de que se hable de lo social genera resquemores entre aquellos que privilegian el individualismo y consideran una afrenta que el Estado se meta en esos temas. Sin embargo, cuando vemos los indicadores de desarrollo humano y cómo Guatemala es uno de los países donde no hay avances sino que, por el contrario, vamos retrocediendo cada vez que se hacen mediciones sobre esos indicadores que se consideran indispensables para hablar de esa promoción de un desarrollo sostenible, tenemos que entender que si en 1986 ya era alarmante el tema de la deuda social, ahora es mucho peor, porque justo en ese año se inauguró la era del saqueo del erario público para servir a la corrupción. No quiere decir que en los gobiernos militares no hayan robado, pero había una visión distinta en el sentido de que había una planificación de fortalecimiento institucional que generó importantes obras al servicio de la población. Y era en comisiones sobre esas obras que los gobernantes y altos funcionarios robaban, pero no se inventaban proyectos únicamente para robar, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas.
Es tan patética nuestra situación que se estima en por lo menos dos millones la cantidad de guatemaltecos que han tenido que emigrar porque aquí, en su propia Patria, no podían cubrir las necesidades de sus familias ni siquiera partiéndose el alma trabajando. Con esa misma actitud, de entregarlo todo en el trabajo, desde Estados Unidos pueden enviar dinero suficiente para cubrir las necesidades más importantes de su núcleo familiar.
Históricamente no hay un país que haya alcanzado pleno desarrollo sin períodos prolongados de racional y efectiva inversión social, preparando a la gente para mejorar su condición de vida mediante el trabajo esforzado. La teoría individualista que sostiene que el desarrollo llegará como derrame cuando los Estados sirvan facilidades en bandeja al empresario no tiene sustento histórico en ningún lugar del mundo. Aquellos que supieron invertir en salud, para que su gente estuviera físicamente bien, y en educación para abrir un horizonte de oportunidades, son los que han logrado dar ese paso tan importante hacia el desarrollo.
Aquí, con la mitad de los niños desnutridos y millones que quedan fuera del sistema educativo, no podemos pretender un futuro alentador ni para ellos ni para el país. Por ello lo que anunció la Fiscal General, Thelma Aldana, de investigar a los responsables de tanta desnutrición, es urgente para sentar precedentes que pongan fin al Estado corrupto y corruptor que es lo que ahora tenemos.
