Lucrecia de Palomo
Según nuestra Constitución Política, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Lamentablemente al leer su primer artículo podemos darnos cuenta que nos encontramos sumidos en la terrible enfermedad «de la desobediencia», que mina cualquier institución (por ende la familia). A mi parecer es de allí, de la insubordinación, de donde derivan todos los conflictos que vivimos.
Pareciera sencillo, conociendo cuales son los principios, valores y normas que nos rigen, y si hemos sido formados dentro de los parámetros de disciplina, límites, respeto y sobre todo, en distinguir entre el bien y el mal, no debería ser difícil acatar; pero como somos libres, decidimos acoplarnos o no, seguirles o no hacerlo. Lo que no debe pasar por alto y cada quien debe reconocer es que toda acción tiene una reacción. Es por ese libre albedrío, que el bien común, fundamental para la paz y el desarrollo, queda en papel entintado y no da frutos, pues libremente muchos deciden por el bien individual o sectorial.
Durante más de 30 años he participado activamente en reuniones de trabajo, generalmente convocadas por el Ministerio de Educación (aunque dirigidas y manejadas por la comunidad internacional y/o los famosos tanques de pensamiento), donde haciendo caso omiso a las leyes nacionales reinventan lo que debe ser la educación en este país, copiando modelos foráneos. Lamentablemente para nosotros, estos grupos han anquilosado el sistema educativo, desviándolo de su fundamento constitucional y alejadísimo a la Ley de Educación. El resultado está a la vista: más de 2 millones y medio de estudiantes fuera del sistema (sin mencionar otros factores igual de alarmantes) y escuelas paupérrimas.
De todas las grandes reformas educativas que se han vitoreado recientemente por las administraciones educativas -y que son a todas luces ilegales- está el cierre de las normales (escuelas de maestros). Legalmente estas escuelas están vigentes, pero… la imposición y desobediencia a la norma ha impedido que se pueda impartir el magisterio desde el año 2013. Su cierre conllevó una lucha cruel, donde a los jóvenes se les trató como delincuentes y donde se les mostró, con el ejemplo de las autoridades, que lo mejor es desobedecer las normas si se quieren alcanzar las metas.
La lucha en el MP, el Organismo Judicial y la CC se dio, pero cuando están a compadres hablados, como sucedió en su momento, se hace cuesta arriba. Varios recursos fueron negados y los que prosperaron y dieron la razón a quienes los interpusieron cayeron en oídos sordos. Ahora regresa el tema a la mesa por una nueva resolución de la CC, con argumentos muy similares a los anteriores: el bachillerato con orientación en educación no tiene sustento legal y el magisterio está vigente.
Por desobediencia y abuso de poder iniciará en breve un juicio penal contra la exministra de Educación, pues durante años se logró impedir el proceso judicial y bajo algunas influencias en el MP se había descartado la investigación. Ahora camina y esperamos poder ver la luz al final del túnel, como está sucediendo. Los funcionarios públicos deben comprender que ellos son tan solo administradores de las leyes que juraron obedecer y no superiores a ellas.
El tema está pendiente, estamos en él. La obediencia a nuestras leyes es fundamental y por ende, exigimos al actual Ministro de Educación, que ordene abrir el código de inscripción del magisterio, y de todas las carreras técnicas que se cerraron, también en forma ilegal, para que obedientemente, en el 2017 las normales, (remodeladas con los más de 500 millones que se erogaron a las universidades para capacitar maestros) puedan ser modelo de calidad y servicio para los futuros maestros del país.
