La verdad, es que privilegiar la lucha contra la corrupción y manifestar el apoyo y la total voluntad de luchar para que se imponga el Estado de Derecho, no es tan difícil de entender y sería lógico que los mismos guatemaltecos lo hiciéramos con el optimismo de los cambios que hemos visto que han sucedido en el país.

Resulta que lo hacen en los países. Ayer el Congreso de los Estados Unidos aprobó por, unanimidad, una resolución presentada por la representante Norma Torres que reconoce el esfuerzo de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica e invita a los gobiernos a mantener el apoyo para que se enfrente la corrupción e impunidad.

Pero lo más importante es que el tema es tan sencillo de entender, que incluso los divididos y apartados partidos Demócrata y Republicano han mantenido una sólida postura de apoyo al trabajo que Thelma Aldana e Iván Velásquez vienen haciendo al frente del Ministerio Público y la CICIG.

Lo ilógico es que somos nosotros, los mismos guatemaltecos, los que permitimos que se sigan poniendo peros, bloqueos, excusas y se hagan campañas de desgaste contra quienes con su trabajo han intentado demostrar que lo mejor para el país es una justicia independiente que con solvencia pueda alcanzar a todos y, en especial, a aquellos que se han sentido siempre superiores al poder de la ley.

Nos debería haber quedado claro ya, que somos una sociedad con mucha tendencia a aceptar lo ilícito y que aspita a tener los beneficios de las prácticas que, por corrupción, evasión defraudación o explotación ha hecho millonarios a muchos.

Esa tolerancia ha llevado a muchos a pedir que se detenga la lucha contra la impunidad y en contra de la corrupción por los temores de encontrarse como parte del problema que se está combatiendo.

Lo que debemos entender y que no es tan difícil es que, si no tomamos los pasos complicados y las decisiones difíciles, será casi imposible poder cambiar el futuro de una Guatemala que está diseñada para distribuir el poder dentro de los mismos poderes paralelos que ya conocemos.

No nos debería ser difícil de entender que los altos niveles de pobreza, desnutrición, carencia en prestación de servicios, etc., dependen de un sistema de justicia fuerte que abra las oportunidades para demostrar a los ciudadanos que un Estado tiene que ser eficiente y honesto.

Los Fiscales del Triángulo Norte siguen recibiendo el sólido apoyo mientras sus propias sociedades les critican. Lástima que lo que es tan fácil de entender encuentre tantas resistencias en nuestros trópicos.

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