Lic. Douglas Abadía
douglas.abadia@gmail.com

Comparto con ustedes estimados lectores unas pinceladas de la historia política nacional en el tema de la mujer y su participación en el acceso al poder político. La revolución democrática de octubre de 1944, que puso fin a un período de dictaduras y Gobiernos autoritarios, introdujo reformas sociales y políticas que tenían por objeto la democratización del sistema político y el aumento de la participación de las mujeres e indígenas tradicionalmente excluidos. En este contexto, en 1945 se concede el derecho al sufragio para las mujeres que sabían leer y escribir. Veinte años más tarde, en 1965, se reconoce el sufragio como un derecho político universal.

En la década de 1944 a 1954 la participación social y política de las mujeres fue muy importante. Se crearon organizaciones y sindicatos de mujeres, y algunas comenzaron a participar en los partidos políticos de la época. A partir de 1954, con la contrarrevolución, la sociedad guatemalteca entró en un período de polarización política; se cerraron los espacios de expresión y participación social y se disolvieron las organizaciones y asociaciones de todo tipo, incluidas las de mujeres.

Sin embargo, durante este período y el de conflicto armado, que comenzó a principios de los años 60, las mujeres desempeñaron un papel muy importante; muchas participaron en los movimientos revolucionarios, algunas debieron salir al exilio y otras, saliendo de sus espacios tradicionales se organizaron para defender la vida de sus familiares y también para exigir un tratamiento humano de los presos políticos. Durante este período, la participación de las mujeres en puestos públicos fue muy insignificante.

Entre 1955 y 1985 solamente fueron electas cinco mujeres como diputadas al Congreso de la República. Los distintos gobiernos militares que se sucedieron excluyeron a las mujeres y solamente se nombró a una mujer como Ministra en 1983.

En 1986, con el inicio de la transición democrática, nuevamente se abren espacios para la participación social y política de las mujeres. Se crean nuevas organizaciones o salen de la clandestinidad y varias mujeres se incorporan a los organismos del Estado. Durante el primer Gobierno democrático de 1986-91 cinco mujeres ocuparon puestos de importancia. Fue también en 1986 que es electa por primera vez una mujer indígena como diputada.

En 1991, por primera vez en la historia del país, una mujer asume la Presidencia del Congreso de la República. Sin embargo, los resultados de los procesos electorales de los últimos años, en los que la participación de las mujeres ha sido minoritaria, así como la dificultad de ocupar puestos de alto nivel en los tres poderes del Estado, confirman el lento proceso de inserción de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Esta situación es el reflejo y el resultado de una sociedad con estructuras de poder a nivel local y nacional que responden aún, en gran parte, al viejo modelo político autoritario y vertical y a las estructuras sociales tradicionales. La desigualdad de la participación política entre las mujeres y los hombres se evidencia en los cargos públicos por nombramiento, como en los cargos de elección popular. En los comités ejecutivos de los partidos políticos la presencia de las mujeres es mínima, incluidos los de izquierda. La desigualdad es aún más importante en cuanto a la participación de mujeres indígenas.

Los partidos políticos no necesariamente señalan en sus estatutos la existencia de un órgano que aglutine a las mujeres; sin embargo, en la práctica todos cuentan con algún cuerpo que las represente. Esto es positivo, ya que implicaría que los partidos superaran las disposiciones legales; el problema es que no existen reglas claras sobre la existencia y funcionamiento de estos órganos, que generalmente están sujetos a la voluntad del líder y a la coyuntura.

En ese sentido las secretarías u organismos que representan a la mujer dentro de los partidos políticos, si es que participan en el Comité Ejecutivo Nacional, cuando lo hacen, generalmente cuentan con voz, pero sin voto. Además, como se ha dicho por varias de las militantes partidarias, generalmente su presencia es importante para otras funciones que no son las de participar en la toma de decisiones del partido: generalmente se le asignan roles como servir el café, convocar afiliados potenciales, preparar las reuniones, etcétera.

Lo anterior afirma la regla propuesta por Mérida sobre el poder: aunque los partidos políticos utilicen discursos sobre equidad de género y aunque se hable del tema y se discuta, en realidad las mujeres tienen muy poco poder de decisión, incluso cuando ya están dentro de la estructura política.

La función a la que se relegan las instancias de mujeres en los partidos, refleja gran parte de la cultura política de los guatemaltecos: patriarcal y machista, que no considera a las mujeres en la toma de decisiones políticas, sino en cualquier otro rol secundario, distinto de un ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y políticos.

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