Félix Loarca Guzmán
Con la Constitución en la mano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió al paso impulsando importantes acciones para atajar el golpe de Estado, que según las denuncias de los funcionarios de Caracas, grupos extremistas pusieron en marcha en las últimas semanas para derrocar al gobierno mediante actos violentos con bombas molotov, piedras, palos, disparos de francotiradores, incendios de unidades del transporte público, el ataque a un hospital materno infantil y el lanzamiento de botellas con agua congelada desde lo alto de algunos edificios.
El gobierno de Venezuela, ha señalado que estos disturbios disfrazados de protestas pacíficas, dejaron hasta ahora el saldo trágico de más de veinticinco personas muertas, además de considerables destrozos a la propiedad pública y a la infraestructura de este país sudamericano.
En el marco de una multitudinaria concentración en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, en ocasión de la conmemoración del Primero de Mayo, el gobernante dio a conocer la decisión de aumentar el 60 por ciento del salario mínimo y de las pensiones de los jubilados, como una medida impostergable, a efecto de hacer frente a la guerra económica promovida para derrotar la Revolución Bolivariana.
Al mismo tiempo, anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de restablecer la paz social seriamente lastimada por diversos actos terroristas. La Asamblea tendrá a su cargo reestructurar el Estado, reformar el orden jurídico y político de la Nación, fortalecer la Constitución y adoptar decisiones trascendentales para proteger a nivel constitucional los logros de la Revolución en materia social y económica.
La Asamblea estará integrada por 500 diputados, quienes serán electos por el pueblo y no por los partidos políticos, mediante el voto directo y secreto.
Uno de los aspectos novedosos de este Poder Constituyente, es que contará con diputados representantes de los jubilados, del sector empresarial, de los jóvenes, de las mujeres, de la clase trabajadora, de los concejos comunales, de los profesionales, y en general de todas las fuerzas vivas del país.
El Presidente Maduro realizó la convocatoria con fundamento en los artículos 347, 348, 349 y 350 de la Constitución de Venezuela. Conforme las normas de la Carta Magna, ninguno de los actuales poderes constituidos podrá oponerse a las decisiones de esta Asamblea. Esta medida es una prueba de fuego para la oposición, que ha estado demandando elecciones anticipadas. Será un termómetro para que demuestre en las urnas, cuál es su nivel de aceptación entre el pueblo.
Pero como el problema de Venezuela no es de elecciones, sino que se trata de una conspiración internacional para apoderarse de su petróleo y de las demás riquezas naturales del país, los sectores reaccionarios ya están buscando pretextos para boicotear la elección de la Asamblea Constituyente.
