Juan Fernández
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Como he venido indicando en este espacio para América Latina el Estado ha tenido un papel crucial en las realidades políticas, económicas y sociales. Su agotamiento como modelo ante las distorsiones derivadas de privilegios sobre todo para las elites económicas, militares y burocráticas dieron paso a la incursión de un nuevo modelo, esta vez ortodoxo neoliberal, delimitado por la «triada» del poder financiero internacional. De esa cuenta, con la adopción de las reglas del juego del mercado y del Estado mínimo en prácticamente todos los países del Sur Global, los gobiernos se limitaron a la contratación de servicios para brindar algunos servicios públicos. Abandonando con ello el papel en la conducción del desarrollo, situación que trajo como principales consecuencias: incremento en la pobreza, ineficiencia, ineficacia y baja calidad en los pocos servicios prestados y ante todo un grave problema de falta de conducción central en la toma de decisiones, fragmentación de las unidades administrativas -los ministerios-, además de una falta de coordinación en la solución de problemáticas, así como la privatización de los servicios. Este tipo de políticas son denominadas como New Public Management.
Algo innegable en el fuerte cuestionamiento hacia el modelo anterior -el heterodoxo- fueron sus carencias en torno de controles en el gasto, el autoritarismo y burocratismo. Es por ello que la acción pública requiere de procesos de legitimación fundamentalmente a partir de resultados, entendidos como un impacto o cambio en la calidad de vida de las personas. i.e. pretende una disminución de la pobreza y desnutrición, mejoras significativas en la salud integral, educación de calidad, incremento en la producción campesina, una drástica baja en los homicidios principalmente en contra de mujeres y jóvenes por citar algunos. Para poder llegar a ello son necesarios varios elementos: una decisión en transformar el estado de situación, seguido por un cuadro referencial sobre la complejidad de la problemática y criterios pretendidos, y por último identificar los tiempos. Kingdon (1985) indica que existen coyunturas que representan una oportunidad para que los actores puedan promover los cambios y soluciones a problemáticas concretas.
Es así como el tiempo actual en Guatemala puede constituirse en una oportunidad de cambio para la acción pública y sus impactos, de tal suerte que una conducción fuerte desde el Estado -redefinida claro está-, rendición de cuentas, profesionalización, coordinación en las políticas, desvanecimiento de fronteras entre instituciones y actores en los asuntos sociales, la provisión de servicios públicos simples y fáciles de utilizar, así como estrategias digitales y servicios tecnológicos en los sistemas esenciales -como Salud-, son algunas de las condicionantes en una sociedad con un grado de complejidad cada vez mayor que demanda una gestión de calidad capaz de responder a los grandes desafíos, limitaciones, interrelaciones e incertezas propias del mundo actual. A su vez considerar que la coyuntura que vivimos podría definir un tiempo en el cual nuevas fuerzas políticas y sociales coincidan en un proyecto de cambio profundo que ha de significar una oportunidad para modificar las formas de acción gubernamental y las condiciones del país.
