Estuardo Gamalero
«La libertad dijo un día a la ley: Tú me estorbas. La ley respondió a la libertad: Yo te guardo»
Pitágoras
En la actualidad se ha puesto de moda discutir, cuestionar y sustentar las propuestas políticas en función del término “democracia”. Lo anterior disfraza y vende bien algunas ideas, pues lógicamente a ninguno le gusta identificarse como “antidemocrático” aún y cuando el precio sea violar una ley.
Es de vital importancia comprender que todos los cambios que se hagan a la estructura del Estado y sus organismos, deben ser graduales, prudentes, objetivos y tener suficientes bases técnicas que sustenten y demuestren su viabilidad. Lo anterior es en función de los resultados e impactos no previstos y que usualmente los políticos no toman en cuenta al hacer sus propuestas.
Evidentemente, cuando no se tienen claros los pilares de una democracia verdadera, cualquier cosa que se ofrece como «el bien de la mayoría» hace eco entre la ignorancia. Un reflejo de lo anterior podría ser la manera en que la mayoría de ciudadanos empadronados escogen formalmente a los legisladores, pero los mismos electores nunca llegan a sentirse debidamente representados por los mismos.
Irónicamente y tanto en el ámbito nacional como internacional, también estamos siendo testigos de cómo grupos que se hacen llamar «del nuevo socialismo democrático», con alto sesgo ideológico, al ver prácticas completamente ilegales, aberrantes y violatorias de los derechos humanos más fundamentales, se hacen de la vista gorda ante actos de represión ciudadana y optan por sacrificar los valores que utilizan para justificar sus causas que les mantienen en el poder.
Ejemplo de lo anterior, resultan los grupos y líderes dizque humanitarios, al mantenerse silentes y cómplices de lo que ocurre en Venezuela. No les parece suficiente atropello ver toda la estructura jurídica, política y social de un país en trapos de cucaracha, sin rumbo de nación, sin una plataforma de capital que permita generar empleos, a cambio de haber enriquecido las arcas del chavismo-madurismo.
Pero varios problemas de Guatemala no son ajenos a esa actitud y muchos actores (por conveniencia) prefieren desmarcarse del cumplimiento de la ley, de los pilares del Derecho y unirse a la causa política que provoque sisma y desorden, con la finalidad de “fomentar la rebelión” y atentar en contra de las bases del capital, la generación de riqueza y la creación de empleo digno.
Sobre este particular, llama mi atención el contrasentido de esas personas que se jactan de haber firmado la paz de un conflicto armado, pero que con sus actitudes de socialismo moderno insisten en provocar un nuevo conflicto social, ya sea extorsionando al propio Estado o coaccionando a la sociedad.
En todo caso, la intención de este artículo es poner de manifiesto la importancia de velar por el orden democrático, pero siempre encuadrado desde los pilares de un Estado Republicano. Para ello es importante que tengamos presente que la democracia que debemos anhelar es más que un simple factor numérico de participación de la mayoría vs minoría, sino más bien, de una democracia representativa, en la cual las personas deleguemos adecuadamente nuestro poder soberano, sujeto al imperio de la ley y no a la arbitrariedad de personas y gobernantes que, para ganar un pleito ideológico imponen sus caprichos, sus iniciativas, políticas y resoluciones por encima de la Constitución, las leyes y los principios fundamentales.
Uno de los problemas que nuestro sistema político electoral ha demostrado en la práctica, es que las personas no nos sentimos adecuadamente representados por los diputados que resultan electos. Básicamente, el modelo de distritos electorales (uno por cada departamento del país) y el sistema de listas cerradas con el cual se eligen a los diputados, no responden a las necesidades reales de la población. Aunado a lo anterior, vemos continuamente los señalamientos de abusos y actos de corrupción que rodean dicho organismo del Estado.
El caso anterior presenta el inminente reto de cómo podemos corregir o cuando menos mejorar la estructura de elección y los niveles de representatividad real. Para ello, es indispensable que el Tribunal Supremo Electoral (máximo órgano en materia electoral) nos brinde las luces y, por supuesto, que aquellos diputados conscientes de este flagelo hagan a un lado sus intereses personales y sobrepongan los del país.
En ese sentido, esta semana llamó positivamente mi atención una noticia que alude a la reciente propuesta que emanó de la Comisión de Asuntos Legislativos del Congreso de la República, en la cual básicamente se sugiere la creación o reconocimiento de 37 nuevos distritos electorales, así como la viabilidad de listas abiertas de diputados para la elección de los mismos.
Si bien no conozco en detalle la referida propuesta, debo ser justo e indicar que me pareció valiente el solo hecho de reconocer el fondo de una enfermedad política. Lógicamente, se deben hacer los estudios a conciencia, que permitan determinar si un cambio tan importante y necesario para la depuración de nuestra nación se puede implementar para el próximo proceso electoral de Guatemala.
