Ayer el funcionario Juan José Hanser, director de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, dijo que esa cartera está en proceso de negociar y lograr un “común acuerdo” con la empresa brasileña Odebrecht, acusada en toda América Latina de andar entregando mordidas para obtener el favor de los políticos de turno con las obras de los Estados.

Resulta que es sumamente preocupante que mientras en el resto de los países de América se está atacando con toda la fuerza de la ley a los corruptos y a quienes hayan estado siquiera cercanos a los negocios con esta podrida empresa, en Guatemala se quiere seguir el ejemplo de Terminal de Contenedores Quetzal en que se ha hecho cualquier mañosería para cuidar y privilegiar los intereses de la empresa propietaria del negocio turbio.

¿A cuenta de qué tiene que estar el Ministerio de Comunicaciones buscando un mutuo acuerdo con quien se hizo de obras por medio de mordidas y falló en la ejecución si contra ellos ya hay procesos penales abiertos?

Siguen la misma lógica del interventor de TCQ que para mantenerle el negocio de los 30 millones de dólares de mordida, se apoyó en la Procuradora General de la Nación e hizo que operara una planta que había sido creada de la manera más corrupta posible.

Resulta que ahora el indigno papel del Estado y de sus representantes es “negociar” con los ladrones. Lo que Aizenstadt, el excolumnista de los medios de Erick Archila y ahora interventor, está haciendo, se quiere copiar con Odebrecht. ¿Habrá alguien que sinceramente crea que esto se hace de “buena fe”? Debemos comprender que cuando son tantos los millones de dólares que se pagan para obtener los favores, obvio que ya estamos frente a algún poder “sobrenatural” que no cesa de manifestarse.

Nos tiene que generar, más que preocupación, una lógica indignación. Que el Ministerio de Comunicaciones esté buscando la forma de terminar negociando con los brasileños es terrible para el proceso contra la corrupción y la impunidad en que se encuentra Guatemala.

Nos llenamos la boca diciendo que no se debe negociar con delincuentes, pero cuando es de puertos o de carreteras, cuando son los que les embadurnan las manos a los funcionarios que con falsa planta de integridad llegan a ser los facilitadores de sus negocios, entonces con ellos sí se puede pactar.

Es una verdadera vergüenza que lo que nos ha costado tanto como país termine siendo la materia de una “negociación” entre personas que no tienen, obviamente, el mínimo interés de proteger los intereses del Estado.

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