Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Creo que a la luz de las evidencias que existen en variados procesos que se vienen entrampando deliberadamente desde hace dos años, no debe haber nadie que honestamente pueda negar la existencia de la corrupción e impunidad en el país. El tema es si entendemos que esos vicios no son ni casuales ni resultado de los desmanes de un determinado gobierno. En otras palabras, si entendemos que son producto de un cuidadoso diseño para ir moldeando una falsa institucionalidad que lejos de ser pilar de la democracia se convirtió en escudo para la ilegalidad, el saqueo del Estado y la más absoluta y rampante impunidad.
Veo que existe una polarización (nada raro en Guatemala) entre los grupos conservadores y los grupos de la llamada izquierda que en realidad terminan siendo insignificantes en términos de peso político. Y ello sirve de excusa para que los grupos que debieran ser los promotores del cambio, para crear un país de respeto a las leyes y donde se termine la negociación bajo la mesa para mantener o incrementar privilegios en el uso de los recursos del Estado, adopten una actitud de resistencia al cambio.
Este no es momento de confrontarnos ideológicamente porque lo mismo nos da que alguien robe con la bandera de la derecha o con la bandera de la izquierda. Lo que necesitamos es un movimiento patriótico de rescate del país para terminar con una estructura institucional que es incapaz de operar fuera de las reglas de la corrupción y la impunidad. El botón de muestra está en el Congreso, donde nunca pasará nada positivo para el país porque la institución o la institucionalidad está secuestrada por los principales actores de la corrupción y la impunidad. Jamás podremos lograr que ese Congreso pueda asumir posturas de legítima representación nacional porque no son legítimos representantes de los guatemaltecos toda vez que los mecanismos de elección están amañados.
Es inaudito que los guatemaltecos no podamos encontrar un común denominador que nos impulse a promover un proyecto distinto de Nación sabiendo perfectamente cuán podrida está nuestra institucionalidad. Aquí no es de ideologías sino de patriotismo, de entender que no podemos seguir arrastrando un modelo que le roba oportunidades a nuestra gente porque el dinero que debiera servir para invertir en el desarrollo humano hace años que se lo reparten entre unos pocos a los que el sistema les ha rendido muchos frutos, pero que ahora, tras el destape provocado por la CICIG y el MP, se vuelve totalmente insostenible.
Busquemos el punto de acuerdo en el que la mayoría del país coincide. Obviamente habrá diferencias de criterio en cuanto al modelo sustitutivo, pero el mismo no tiene que tener más premisa que la de acabar con la impunidad, controlar la corrupción y asegurar un proceso de verdad democrático de elección de nuestras autoridades, poniendo fin al tráfico de influencias que es el actual financiamiento de las campañas políticas. No puedo suponer que haya gente que no esté de acuerdo con tal agenda mínima que, por supuesto generará debate cuando se entre al detalle, pero eso es parte del juego cívico maduro.
Agenda mínima: impunidad, corrupción y verdadera democracia.
