Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Se habla mucho de la institucionalidad y la necesidad de defenderla a capa y espada para no perder lo que como país “hemos ganado desde que se eliminaron los gobiernos militares y los fraudes electorales”. Especialmente ahora, cuando el clamor por la depuración del Congreso se vuelve más intenso de acuerdo a las posturas que han ido adoptando los mismos diputados y los riesgos de que muchos de ellos terminen enfrentando procesos, el debate se centra en las formas que puede adoptar ese proceso para limpiar nuestras instituciones.
La verdad es que la cacareada institucionalidad fue destruida hace mucho tiempo en un proceso sordo y ejecutado de manera tan precisa como silenciosa mediante el cual se rompió con lo establecido en la misma Constitución de la República porque lejos de cumplir con el fin supremo, la realización del bien común, se prostituyó al Estado para colocar como fin supremo la corrupción y la impunidad para los corruptos. De hecho, el fin más importante de las instituciones del Estado de Guatemala ha sido facilitar los negocios en los que la clase política se reparte el dinero del erario con los particulares que se convierten en sus socios para el saqueo del Estado.
Desde el momento mismo en que el Estado de Guatemala dejó de cumplir con su deber de garantizar a los habitantes de la República “la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas”, Artículo 2º. de la Constitución Política de la República, se rompió la institucionalidad del país y lo que ahora urge es rescatarla para volver a colocar esos deberes como la principal ocupación del Estado de Guatemala.
Supongo que los que tanto hablan de la institucionalidad como un valor supremo están confundiéndola con el orden constitucional. Pero lo cierto es que, aún con ese sentido que es más relevante que el que gramaticalmente tiene el término, tenemos que reconocer que la ruptura del orden establecido por la Constitución viene de atrás, desde cuando, por ejemplo, se fraguó la forma de cooptar al Estado mediante el financiamiento de las campañas electorales que ha establecido fines distintos a los que debe perseguir de acuerdo con el mandato constitucional. Esa cooptación produjo un Estado al servicio exclusivo de la corrupción que descuidó todas sus obligaciones y que no ofrece ni seguridad, ni paz, mucho menos desarrollo integral a los guatemaltecos, porque todos los funcionarios están ocupados y preocupados por hacer pisto en la corrupción.
Cuando fueron cooptadas las Comisiones de Postulación se anuló el sistema de justicia para darle paso a un sistema de impunidad que rompió el orden constitucional. Y cuando se conformó un Congreso que no representa al pueblo, obviamente no hay orden que defender ni institucionalidad que predicar.
Por ello es importante entender dónde estamos parados porque defender esta institucionalidad es defender la corrupción y la impunidad. Así de simple y sencillo resulta el análisis y los ciudadanos tenemos que entender que nuestra prioridad es restablecer ese orden alterado maliciosamente.
