Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La Hora, como otros medios que siguen atentamente el curso de la realidad nacional y entienden lo que ocurre con la cooptación del sistema de justicia, ha señalado a la Sala de Apelaciones de Delitos de Femicidio de proteger de manera sistemática a los señalados por delitos de corrupción. Es sabido que los que buscan a los integrantes de esta Sala para que les ampare, se salen con la suya consistentemente y por ello es que se ha convertido en favorita de todos aquellos empeñados en retrasar los procesos o lograr privilegios en la prisión preventiva.
Todos sabemos que uno de los serios problemas que hay en la administración de justicia en el país es la forma en que fueron seleccionados los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. No todos los magistrados están tan comprometidos para mantener la impunidad, pero es obvio que cuando se integró cada una de las Salas se puso especial cuidado en armar unas cuantas con lo más granado del putrefacto sistema, a efecto de que sean éstas las que operen cuando hace falta proteger a los que se esmeraron tanto en asegurar Postulaciones que fueran garantía para mantener el corrupto sistema.
Hace unos días, en el curso de la Asamblea de la Asociación de Jueces y Magistrados para elegir titular y suplente del Consejo de la Carrera Judicial, el reportero José Pablo del Águila de La Hora realizaba su trabajo cuando fue agresivamente increpado por la magistrada Ligia Aracely Pérez, de la célebre Sala de Femicidio, quien buscó el apoyo de su compañero de Sala, el también magistrado Henry Elías Wilson, acorralándolo ambos para reclamarle bajo la tesis de que los beneficios otorgados a los detenidos por la corrupción fueron resultado de informes específicos de la Procuraduría de Derechos Humanos y que en los casos de los exministros de la Defensa, no fueron ellos los que los beneficiaron sino otras Salas, lo que contradice lo informado concretamente por los fiscales de esos casos, quienes después de la reacción airada contra nuestro reportero volvieron a confirmar las informaciones que hemos publicado en La Hora, medio que sostiene lo publicado y respalda plenamente al reportero José Pablo del Águila.
Es obvio, como lo demuestra ahora la iniciativa que promueven los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que hay toda una trama para asegurar que los ladrones queden en libertad. El pacto de impunidad que promovió el presidente Morales junto con González Díaz Durán de CREO y los largos de Matamoros y el Zavala, sigue avanzando y para ello es crucial el papel de magistrados que ayuden a entrampar los procesos aceptando Amparos espurios. Porque lo que persiguen todos, encabezados por TODOS, es que la lentitud de los procesos, promovida por los sindicados, sirva de pretexto para dejarlos en libertad y así burlarse de las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público.
Pero lo que ha pasado es moco de pava con respecto a lo que se viene. Este país es irredento y no hay esperanzas de cambio porque entre Morales, el Congreso y las Cortes, controlan plenamente el sistema de impunidad.
