Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82

No bastó la pusilánime actitud del presidente Jimmy Morales quien tardó en dar la cara y cuando lo hizo el jueves por la noche, fue una burla para además salir huyendo tipo Roxana Baldetti cuando quiso explicar lo inexplicable a su regreso de Corea, sino que ahora el Congreso de la República planea otro de acto de burla a las víctimas que han sufrido, sufren y seguirán sufriendo a causa de que el Estado sea utilizado como un botín que se reparte entre delincuentes.

No me refiero a la payasada del ex empleado de Canela, Oscar Chinchilla quien anunció que ellos sí han hecho algo en esta crisis porque emitieron un punto resolutivo, sino me refiero al plan que desde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y gracias a la iniciativa del diputado de TODOS Juan Ramón Lau, fraguan para lograr sacar de la cárcel a los sindicados en los casos de corrupción, incluidos Otto Pérez y Roxana Baldetti.

El jefe de la referida comisión, Cornelio García también de TODOS, confirmó que desde la semana pasada hay un dictamen para modificar el Código Penal con la intención de que los sindicados en los casos de corrupción que lleven más de un año a la cárcel, al ser aprobada la ley automáticamente se irán a su casa. Entramparán los procesos desde la comodidad de su hogar. No hay retroactividad de la ley, salvo en material penal y cuando favorece al reo dice la norma.

Dependiendo cómo quede redactado, eso beneficiaría solo a los sindicados en casos de corrupción (incluirían ahí los delitos por los que han sido acusados) porque seguro que a los “chorreados” que llevan más de un año en el tambo de forma preventiva, sí los dejarán ahí a ver si les pasa lo mismo que a las niñas del Hogar Inseguro de la Virgen de la Asunción que murieron y, como no eran de pedigrí, no a todos les importó.

Y digo que es una burla porque quienes han jugado con el dinero del pueblo son responsables de las muertes por desnutrición, del abandono del sistema de salud, de educación, de la inseguridad, de que aquí sea fácil hacer trata de personas, de la impunidad y por supuesto de la corrupción que sí cobra vidas y muchas.

Y es que así hace más sentido la oposición de los legisladores a las reformas al sector justicia, incluso ahora que la se quitó del camino el derecho indígena. Resulta que los diputados saben que la justicia no es pronta ni cumplida y desean que así siga para meter un gol en plena crisis y por esa misma razón es que, incluso sin el pluralismo jurídico, se niegan a reformar la justicia (a pesar de que ahora la reforma ya tiene parches) porque eso podría abrir el espacio para cambiar un poco el sistema y acelerar la aplicación de justicia.

Así es que váyase preparando para empezar a ver Pérez liderar la carga a favor de la impunidad, ver a Baldetti empezar a gozar de sus millones, a ver como Alejos vuelve a manejar los hilos políticos, a volver a ver sonreír a los diputados y a ver como los financistas empiezan a sacar sus calculadoras para seguir financiando campañas y no se olvide que como la lucha solo se ha centrado con el Partido Patriota (por ahora), puede que la iniciativa tenga aliados claves y se consigan los votos necesarios para protegerse en caso algún día les llega a caer la chibolita (como la mafiosa UNE o FCN por ejemplo).

No se olvide nunca que ese será el tributo que se le dará a las 38 mujeres muertas porque gracias a la campante corrupción el nuestro es un Estado Criminal.

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