Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando el Presidente dijo que a cuenta de qué tenía que andar defendiendo a la CICIG si no lo había hecho ni con su hijo, fue evidente su postura frente al ente internacional que se vio sometido a una campaña de ataques muy fuerte y que también fue parte de la acusación por el Caso del Registro de la Propiedad en el que terminaron implicados el hermano y el hijo del presidente Morales. Pero en el fin de semana se produjo una escalada en las tensiones luego de que con toda la parafernalia de FCN, el poderoso diputado Armando Melgar Padilla lanzó un ataque directo al Ministerio Público, lo que vino a ponerle fin a la pantomima presidencial de apoyo a la lucha contra la impunidad.
Es importante recordar que Jimmy Morales se jugó entero para proteger de cualquier investigación criminal a Melgar Padilla, al punto de que le hicieron un rinconcito en la bancada del oficialismo para que, desplazando a un diputado, pudiera ocupar la curul que le garantizara la inmunidad y el derecho de antejuicio. En el caso de su hijo recibió aplausos de algunos medios (después de ordenar que publicaran un suplemento bien pagado) por no haber “interferido” con el proceso judicial, pero aparentemente muchos olvidaron que cuando el que estuvo en riesgo de ser investigado y procesado fue su más conspicuo asesor, no vaciló en hacer lo que hiciera falta para detener el curso de una ya avanzada investigación penal.
Creo, y lo he dicho varias veces, que el Presidente no llegó a entender el mandato que recibió en las urnas y que no fue otro que el de profundizar en la lucha contra un sistema que él mismo tipificó como parte de la “vieja política”, en alusión no solo a su rival directa, sino especialmente a la forma en que opera la estructura administrativa y política del Estado. Aparecer al lado de la CICIG y del MP en algunos casos importantes le rindió frutos, aunque él no tuviera nada que ver con las investigaciones que se habían llevado a cabo en temas como el de la cooptación del Estado. Políticamente era correcto estar sentado entre el comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana y así lo entendió el gobernante, para mostrarse como parte del esfuerzo transformador del país a base de la implementación del auténtico Estado de Derecho.
Pero poco a poco se fueron dando algunas muestras de que no había tal identificación ni, mucho menos, interés en que se avanzara en el combate a la corrupción y la impunidad. Hace ya muchos meses que el gobernante se viene quejando del efecto que las investigaciones han tenido en el desempeño de los funcionarios porque, dice él, todos tienen miedo de actuar porque sienten que pueden ser objeto de algún proceso penal. Ese argumento lo ha usado para justificar la inacción del gobierno en múltiples ocasiones.
Pero la farsa mayor fue el “apoyo” presidencial a las reformas para fortalecer la justicia. Su bancada ha sido el mayor obstáculo para avanzar en ese tema, no obstante que él justificó el transfuguismo sobre la base de su necesidad de contar con una bancada numerosa y disciplinada para impulsar su proyecto.
Hoy no me queda duda que se acabó la pantomima y que el enfrentamiento es directo.
