Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El sistema de cooptación del Estado que desnudaron las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y del Ministerio Público al indagar en los aportes de campaña del Partido Patriota, forma parte de la manera en que operan nuestros políticos en el tema del financiamiento electoral y tiene implicaciones mucho más profundas de las que pudieron probarse en el curso de esa especie de auditoría que se hizo a las finanzas de la campaña de Pérez Molina y Baldetti. De entrada podemos y debemos decir que cayeron en ese caso aquellos que no contentos con comprar la voluntad de los políticos, trataron de presentar como gasto deducible de los impuestos el soborno que estaban entregando, pero la mayoría no pide documentar la operación y por ello no aparecieron en los listados que conformaron el caso de cooptación.
Entre ellos hay empresarios reconocidos que se aseguran mediante el aporte de campaña la participación en los negocios del Estado y hay también miembros del más oscuro crimen organizado que tampoco necesitan factura por los aportes que están realizando. Mi punto es que un sistema viciado por los primeros, es decir por la “gente honorable” que se asegura por lo menos el derecho de picaporte en el despacho presidencial para preservar sus intereses, abrió también de par en par la puerta de la corrupción para que surgieran otros competidores menos conocidos y más tenebrosos, como los que ahora se detallan en el proceso que se planteó en Estados Unidos contra la exvicepresidenta Baldetti por vínculos con narcotraficantes.
Y honestamente hablando es enorme el potencial de esos nuevos contribuyentes para inundar de dinero las campañas políticas tanto de los aspirantes a la Presidencia como de diputados y alcaldes. Tanto que ni siquiera las más prósperas empresas de Guatemala podrían competir con ellos a la hora de cooptar a quienes llegan a los cargos de elección. Durante años muchas empresas que participaron en el jugo de la cooptación se sintieron absolutamente seguras de que eran ellas las que tenían el control de los políticos, pero con el correr del tiempo se hizo evidente que la imposibilidad de establecer controles efectivos terminó abriendo una inmensa Caja de Pandora que ahora se comprueba con el espacio para el crimen organizado que ha llegado a tener un importante control de muchos de los funcionarios con poder electos en el país.
Creo que los mismos empresarios que participaron tan activamente en el diseño y montaje del sistema que hacía que los políticos llegaran comprometidos con ellos, respetando como único mandato el que recibieron de sus financistas, tienen que darse cuenta que se creó un monstruo que debe desmontarse.
Los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que aprobó el Congreso el año pasado son inútiles para establecer los controles que de verdad hacen falta porque se centran en las donaciones que quedan registradas que no son ni las más importantes ni las decisivas. Y ante la certeza de que los vicios del sistema pueden ser utilizados más eficientemente por la gente menos escrupulosa, debieran ser los mismos cooptadores quienes se apunten a exigir reformas efectivas que atajen la ruta del dinero sucio que llega sin control a todas las campañas políticas, incluida la “modesta” de FCN y Morales.
