Este titular queda adecuado para poder tocar los dos temas de importancia que hoy destacan en la coyuntura del país: La ridícula denuncia de Javier Hernández sobre presiones contra su pandilla en el Congreso y la presión que por el trabajo de las autoridades sienten las pandillas juveniles.
Empezando con la pandilla oficial en el legislativo, tenemos que decir que el león juzga por su condición y que Hernández, hombre muy cercano al presidente Morales y jefe del oficialismo, intenta victimizarse diciendo que les hacen lo que ellos acostumbran, o sea presionar, chantajear, extorsionar y manipular a cuánto funcionario público existe a cambio de plazas, contratos y sus proyectos del Listado Geográfico de Obras.
Hernández, jefe de Galdámez, Sandoval, Ovalle Melgar Padilla, Giordano, Franco, Paredes y otra serie de muy cuestionados diputados, ha hecho su papel de jefe de banda al salir a distorsionar la realidad aprovechándose de una sociedad que se deja llevar por mentiras y excusas baratas.
Como dijo ayer la Fiscal General, cualquier investigación para presionar a alguien o beneficiar a otro, sería un acto ilegal. Seguramente los diputados lo que desean es no ser investigados y para ello les podemos sugerir que, si ya cometieron un delito, recen mucho para que Dios los acompañe ya que con tantos ojos encima los alcanzará la justicia.
Por otro lado, los pandilleros juveniles que han venido sufriendo con los operativos durante ya bastante tiempo en contra de las estructuras de extorsión y ahora con el traslado de los centros de detención en que guardan prisión, quieren intimidar y/o atacar a entidades públicas, principalmente del sector Justicia como reacción a las medidas.
Dentro de esto, se hizo público por medio de una filtración que debiera ser investigada, un documento de alerta de las autoridades sobre potenciales ataques en contra de personal e instalaciones específicas.
Este no es un caso especial porque permanentemente se han hecho operativos contra cientos de miembros de estructuras de extorsión en el país, tanto afuera como adentro de las cárceles, de la misma manera como se ha procedido contra narcos extraditados.
Es evidente que al imponer el orden se generan este tipo de presiones, amenazas y ataques. Obvio que quienes han vivido beneficiándose de la pobreza ajena y dentro del sistema de impunidad que durante décadas ha dominado Guatemala, quieren mantener sus beneficios, pero también es urgente que la ley se imponga. Lo más triste, es que con este párrafo hablamos de las pandillas del Congreso y las juveniles. La verdad, nos referimos a todos los que se han beneficiado siendo criminales.
